Las decisiones de dos salas constitucionales en Bolivia, que declararon este martes “desiertas” las convocatorias para elegir a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), han puesto en grave riesgo la realización de las elecciones judiciales programadas para diciembre. Estas resoluciones fueron tomadas en las regiones amazónicas de Pando y Beni, a petición de candidatos que habían sido inhabilitados para participar en el proceso electoral.
A pesar de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no ha recibido notificación formal sobre estas decisiones, los miembros del TSE se enteraron de ellas a través de los medios de comunicación. Francisco Vargas, vocal y presidente en ejercicio del TSE, expresó su preocupación ante la situación, asegurando que se llevarán a cabo acciones legales, incluyendo la interposición de un recurso y una medida cautelar, ya que la institución no está de acuerdo con los fallos emitidos.
Vargas criticó el papel de las salas constitucionales, argumentando que se han “extralimitado en el análisis” y que su decisión implica que el órgano electoral sea tratado como un “suprapoder” por encima del Legislativo, que es el encargado de la fase de preselección de candidatos para los comicios judiciales. En su opinión, estas acciones constituyen un “golpe a la democracia”, señalando que en los últimos años no había presenciado un proceso electoral con tantas complicaciones y obstáculos.
El vocal del TSE también manifestó su preocupación por la falta de seguridad jurídica en el trabajo del organismo electoral y anunció que la Sala Plena del TSE se reuniría para analizar los efectos de los fallos y emitir un pronunciamiento oficial. Vargas subrayó que lo ocurrido no debería ser interpretado como un golpe judicial a la ejecución de los procesos electorales, y esperó que quienes revisen estos fallos actúen con precaución para proteger el derecho de los bolivianos a participar en la elección.
Cabe destacar que estas decisiones solo afectarían la elección de magistrados para el TSJ y el TCP, y no para el Tribunal Agroambiental ni el Consejo de la Magistratura. La Constitución boliviana, vigente desde 2009, establece que los magistrados de los tribunales principales deben ser elegidos por voto popular, después de una selección legislativa, por un mandato de seis años.
Las elecciones judiciales de 2011 y 2017 enfrentaron un rechazo masivo por parte de los electores, quienes optaron por votos nulos y en blanco, al considerar que los procesos estaban manipulados por la mayoría legislativa del Movimiento Al Socialismo (MAS) para favorecer a jueces alineados con el oficialismo. El mandato de los jueces electos en 2017 concluyó a principios de 2024, y dado que las elecciones de 2023 no se llevaron a cabo, los magistrados del TCP decidieron extender su mandato, alegando que esto evitaría un “vacío de poder” hasta la realización de nuevos comicios. Esta decisión generó protestas tanto de la oposición como de sectores afines al expresidente Evo Morales, quienes bloquearon caminos durante diez días exigiendo la renuncia de los magistrados, lo que no se concretó.
