La jueza Nelly Sánchez emitió un mandamiento de apremio contra el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, debido a su incumplimiento de una sentencia laboral que exige la reincorporación de 32 trabajadores de la Guardia Municipal que fueron despedidos. Esta decisión judicial fue confirmada por el abogado de los afectados, Rajiv Echalar, quien explicó que el proceso legal comenzó en enero, cuando el Ministerio de Trabajo dictaminó que los despidos eran arbitrarios y ordenó la restitución de los trabajadores.
Según Echalar, el alcalde Fernández ha ignorado varias órdenes y conminatorias para acatar esta disposición, lo que llevó a la jueza a tomar medidas más severas. “La orden ya está lista y solo falta que sea entregada para que la Policía la ejecute”, señaló el abogado. Además, advirtió que Fernández podría ser trasladado al penal de Palmasola si no procede con la reincorporación en las próximas horas, ya que el mandamiento quedaría sin efecto únicamente si se cumplen las órdenes judiciales.
Un mandamiento de apremio en el sistema judicial boliviano es una medida de presión para asegurar el cumplimiento de una sentencia, en este caso laboral. A diferencia de una orden de aprehensión, que responde generalmente a delitos penales, el mandamiento de apremio busca que una persona cumpla una disposición judicial civil o laboral. Esto significa que el alcalde no enfrentaría cargos penales, sino que sería retenido hasta que reincorpore a los trabajadores despedidos, tal como lo ordena la sentencia.
Por su parte, el concejal opositor Manuel “Mamén” Saavedra consideró que esta situación refleja un “desastre administrativo” en la gestión de Fernández. “Estamos en una crisis. La gestión municipal ha demostrado falta de acción y ha dejado a Santa Cruz en el abandono”, afirmó Saavedra, criticando lo que percibe como una falta de cumplimiento de la ley, así como deudas acumuladas con contratistas y retrasos en los pagos a trabajadores.
