La Fiscalía de La Paz ha iniciado una investigación exhaustiva sobre la mazamorra que destruyó al menos 70 viviendas en la zona de Bajo Llojeta, en la ciudad de La Paz. La tragedia, que ocurrió la noche del sábado, dejó una niña de cinco años fallecida tras quedar sepultada por el lodo, y generó una fuerte polémica sobre las posibles responsabilidades de la empresa Kantutani y los municipios de La Paz y Achocalla.
El fiscal departamental, Luis Carlos Torrez, informó que se conformó una comisión especial para el caso y que se convocará a declarar a varios implicados, incluidos los alcaldes de La Paz e Achocalla, Iván Arias y Manuel Condori Quispe, respectivamente, además de representantes de la empresa señalada. Según las primeras investigaciones, el desborde del río Pasajahuira desencadenó una gigantesca masa de lodo que afectó más de 1.600 metros de la zona.
El alcalde de La Paz, Iván Arias, presentó una denuncia penal contra la empresa Kantutani, acusándola de delitos como estrago, daño calificado, homicidio culposo y lesiones graves. Según Arias, el movimiento de tierras masivo realizado por la empresa, supuestamente autorizado por la Alcaldía de Achocalla, fue el detonante de la tragedia.
Por su parte, la empresa Kantutani emitió un comunicado en el que niega responsabilidad y atribuye el desborde al taponamiento del embovedado del río Pasajahuira, asegurando que sus actividades de estabilización del terreno en el Cementerio Los Andes no tuvieron relación con el desastre.
La Alcaldía de Achocalla rechazó haber otorgado permisos para los movimientos de tierra en la zona y negó que el cementerio Los Andes cuente con autorización para operar. Por otro lado, el gobernador de La Paz, Santos Quispe, señaló a Achocalla como responsable, indicando que las autorizaciones dadas en plena época de lluvias fueron imprudentes y contribuyeron a la tragedia.
