La Cámara Nacional de Industrias (CNI) manifestó este lunes su preocupación y rechazo ante la disposición incluida en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que autoriza la confiscación y/o decomiso de productos a empresas bajo el argumento de que podrían estar encareciendo los precios de los mismos.
La institución considera que esta medida es arbitraria y representa una amenaza directa contra la seguridad jurídica y la estabilidad de la iniciativa privada en Bolivia. Los industriales solicitaron al presidente Luis Arce Catacora que elimine dicha disposición, señalando que su implementación podría generar un ambiente de incertidumbre y desconfianza que afectaría negativamente a las empresas formalmente constituidas.
Según el pronunciamiento de la CNI, la disposición adicional séptima del PGE 2025 podría convertirse en un instrumento de carácter discrecional, arbitrario y represivo. Esta norma facultaría a las entidades públicas a realizar acciones de control, fiscalización y decomiso de productos, impactando directamente en las actividades de empresas legalmente establecidas, especialmente en el sector alimenticio.
El texto de la disposición señala que su objetivo es garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales. Para ello, permite a las autoridades competentes intervenir en casos donde los actores de comercialización almacenen o retengan productos con el fin de aumentar sus precios.
Los industriales subrayan que la medida podría tener serias repercusiones, entre ellas:
- Desincentivo a la producción: Muchas empresas y microempresas optarían por reducir o cesar sus actividades para evitar posibles abusos por parte de funcionarios públicos.
- Desabastecimiento alimentario: Una disminución en la producción podría traducirse en escasez de productos básicos.
- Caída de la inversión y el empleo: La incertidumbre generada alejaría a los inversores nacionales y extranjeros, incrementando el desempleo.
- Fomento al contrabando e informalidad: Al aplicar la normativa únicamente a empresas formales, se incentivaría la proliferación de actividades ilegales que eluden los controles.
- Menores ingresos tributarios: La reducción de la actividad económica impactaría directamente en la recaudación fiscal.
El comunicado de la CNI destacó que, mientras en otros países sudamericanos se implementan políticas favorables para la iniciativa privada y la atracción de inversiones, en Bolivia se están promoviendo normas que generan un clima adverso para el desarrollo económico.
Ante este escenario, el sector industrial exhortó al Gobierno a adoptar medidas que incentiven el desarrollo del aparato productivo nacional en lugar de recurrir a estrategias represivas y confiscatorias. La CNI enfatizó la necesidad de políticas económicas que fortalezcan la industria formal y que protejan tanto la producción como el empleo en el país.
