Los efectivos de la Policía Nacional no lograron ejecutar la orden de aprehensión emitida contra el expresidente Evo Morales debido a que no se pudo encontrar un domicilio fijo en Villa Tunari, localidad en la que Morales había asegurado residir.
Según uno de los informes presentados por los agentes asignados a la operación, se verificó que Morales no se encontraba en el lugar señalado, por lo que se intentó ubicarlo en otros posibles domicilios o lugares cercanos donde podría estar. La búsqueda se basó en el registro domiciliario presentado por Morales ante la Notaría de Fe Pública Nro. 4 de Villa Tunari, en el que afirmó que su vivienda estaba ubicada en el centro urbano de la localidad, entre la avenida Integración y la calle Cecilio Guzmán.
En un segundo reporte policial remitido a la Fiscalía Departamental de Tarija, se detalla que no fue posible ejecutar la orden de aprehensión debido a los riesgos derivados de los conflictos sociales recientes. Los informes precisan que, durante los bloqueos de caminos protagonizados por sectores afines al expresidente, funcionarios policiales fueron agredidos e, incluso, sufrieron intentos de homicidio por parte de los bloqueadores.
Estos informes forman parte de los más de 10 cuadernos de investigación en el marco del proceso que sigue la comisión de fiscales de Tarija por un presunto caso de trata y tráfico de personas. Este proceso involucra a Evo Morales y a la víctima, quien habría quedado embarazada cuando tenía 14 años. En esta causa, también se encuentran implicados la madre de la menor y su padre, quien actualmente cumple detención preventiva en la cárcel de Morros Blancos.
Además, la Policía Nacional advirtió a la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, sobre los riesgos técnicos y operativos para ejecutar el mandamiento de aprehensión, particularmente en regiones como Villa Tunari y Lauca Ñ, conocidas como bastiones de apoyo al expresidente. El informe policial destaca los riesgos de posibles confrontaciones violentas, resistencia organizada y amenazas a la seguridad de los funcionarios encargados del operativo, así como implicaciones políticas y sociales que podría generar la acción.
