La tarde del miércoles, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó la derogación de 20 artículos de la Ley 1613, correspondiente al Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2025. Esta decisión busca frenar las facultades otorgadas al Ejecutivo para endeudarse sin autorización legislativa y detener la confiscación de productos en el mercado, medidas que habían generado controversia y amenazas de movilizaciones.
El proyecto aprobado contempla la eliminación de los artículos 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 21, así como de las disposiciones adicionales Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima. También se derogan la disposición transitoria única y las disposiciones finales Primera, Segunda y Tercera. “Esta derogación se realiza en resguardo de la economía nacional y los intereses de la sociedad”, señala el texto, que fue remitido a la Cámara de Diputados para su revisión y eventual aprobación.
El Gobierno promulgó la Ley del PGE 2025 sin la aprobación previa del Parlamento, anticipando la resistencia legislativa a ciertos artículos. Entre las disposiciones más cuestionadas figura la autorización para la contratación de créditos internacionales por hasta 4.000 millones de dólares, lo cual, según críticos, vulnera la Constitución Política del Estado (CPE).
Uno de los artículos más polémicos es la disposición adicional Séptima, que habilita a las autoridades para decomisar productos que se presuma están siendo ocultados para la especulación. Esta disposición ha generado alarma en diversos sectores y es una de las razones por las que se prevé un paro nacional el próximo 10 de febrero.
El senador Luis Flores, uno de los principales impulsores del proyecto de derogación, denunció que el Gobierno incluyó estos artículos de manera irregular. “La Constitución Política del Estado dice que cualquier préstamo interno o externo debe pasar por la Asamblea para evaluar la capacidad de pago de capital e interés. El Gobierno puso de contrabando ese artículo. Además, hay disposiciones como la adicional séptima que son inconstitucionales, ya que permiten que una autoridad policial o municipal pueda decomisar productos sin que el afectado tenga derecho a reclamar”, afirmó Flores.
El Senado trabajó sobre tres propuestas de modificación al PGE, presentadas por los senadores Luis Flores, Andrea Barrientos y un tercer legislador. Estas propuestas fueron consolidadas en un solo documento, que fue aprobado por dispensación de trámite, es decir, sin pasar por las comisiones correspondientes.
A pesar de la urgencia manifestada por los senadores para que el proyecto sea aprobado rápidamente en la Cámara de Diputados, existe resistencia por parte del sector arcista, que controla las comisiones y la dirección de la Cámara. Este bloque político no muestra intención de modificar la Ley del PGE, lo que podría derivar en un estancamiento legislativo.
El senador Flores también denunció que la disposición adicional Quinta afecta directamente a unos 14.000 jubilados, eliminando los recursos que estos percibían de la Renta Dignidad. Esta disposición fue recurrida por inconstitucionalidad ante la justicia y se encuentra entre los artículos cuya anulación se exige.
