Varios sectores del país anunciaron la realización de un paro nacional este lunes en rechazo a la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que contempla el decomiso de productos. La medida ha generado descontento en diferentes gremios, quienes planean movilizaciones para expresar su oposición, mientras que otros sectores han decidido no sumarse a la protesta.
El presidente de la Cámara de Transporte de Santa Cruz, Luis Añez, confirmó que el sector realizará marchas pacíficas para manifestar su rechazo a la disposición. Añez aclaró que, si bien estarán movilizados, no realizarán bloqueos en las carreteras, permitiendo así la circulación vehicular en la región.
Por otro lado, el transporte pesado internacional de La Paz informó que no fue convocado para participar en el paro, motivo por el cual no se sumará a las movilizaciones. Esta postura contrasta con la del sector gremial de Santa Cruz, que ha planificado una marcha que partirá desde la plaza del cementerio y recorrerá las principales calles de la capital cruceña.
El dirigente gremial Edgar Álvarez explicó que, aunque las empresas suspenderán sus actividades durante 24 horas, los mercados continuarán operando, aunque con menor cantidad de comerciantes. “Las empresas van a parar sus actividades, van a cerrar por 24 horas. Entonces, los mercados van a estar trabajando. Si bien no va a estar la totalidad de socios porque vamos a estar movilizados, pero vamos a estar trabajando. De la misma manera, las carreteras van a estar expedidas”, aseguró Álvarez.
Mientras tanto, la Central de Trabajadores de Bolivia (COB) indicó que no participará del paro nacional, argumentando que no fueron convocados a ninguna reunión relacionada con esta protesta. Sin embargo, anunciaron que llevarán a cabo una movilización en Oruro en contra de la disposición séptima del PGE.
Desde el Gobierno, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, calificó el paro como una medida con tintes políticos. Silva destacó que las autoridades tienen reuniones programadas con diversos sectores, incluyendo empresarios, gremiales y agropecuarios, para discutir las preocupaciones surgidas a raíz de la disposición en el PGE.
El Gobierno, por su parte, ha reiterado que no puede derogar la disposición de decomisos del PGE, asegurando que no se trata de una falta de voluntad política, sino de un tema normativo que requiere un tratamiento específico.
