Ante los severos daños ocasionados por las intensas lluvias, riadas e inundaciones en diversas regiones del departamento, la Gobernación de Santa Cruz oficializó la tarde de este martes la Declaratoria de Emergencia Departamental. La medida busca acelerar la atención a las poblaciones afectadas y coordinar acciones con los municipios y el Gobierno central.
El director de Gestión de Riesgo de la Gobernación, Jhonny Rojas, informó que la decisión fue tomada por el gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, debido a los efectos adversos de las condiciones climáticas, que han generado no solo inundaciones y desbordes de ríos, sino también vientos fuertes, derrumbes y deslizamientos en distintas zonas del departamento.
Hasta la fecha, tres municipios han declarado emergencia y seis se encuentran en desastre. Uno de los casos más recientes es Cuatro Cañadas, que el pasado lunes emitió la declaratoria de desastre debido a la grave afectación en al menos siete comunidades y la amenaza de que las inundaciones se extiendan aún más.
Entre los municipios que han declarado desastre se encuentran Pailón, Lagunillas, Ascensión de Guarayos, San Julián y Moromoro, donde las intensas lluvias han causado estragos en viviendas y cultivos. Por otro lado, El Puente, Yapacaní, Okinawa y Camiri se han declarado en emergencia, lo que refleja la magnitud del impacto climático en distintas zonas del departamento.
Debido al incremento en los niveles de los ríos y la crecida repentina de afluentes en todas las cuencas del departamento, Rojas hizo un llamado al Gobierno nacional para que agilice la dotación de recursos esenciales.
“Solicitamos al Gobierno nacional que realice las gestiones necesarias para proporcionar el combustible, gasolina y diésel, con el fin de movilizar la maquinaria pesada, garantizar el abastecimiento de alimentos y brindar una respuesta inmediata a las poblaciones afectadas”, manifestó el funcionario.
El impacto de las riadas e inundaciones también ha afectado gravemente la producción agrícola. Según datos proporcionados por el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), las áreas de cultivo dañadas superan las 101.000 hectáreas.
Ante este escenario, la Gobernación instó a los alcaldes y unidades de Gestión de Riesgo Municipal a presentar las carpetas técnicas necesarias, conforme a lo establecido en la Ley 602, con el objetivo de agilizar la asistencia por parte del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED).
