La Fiscalía Departamental de Santa Cruz ha iniciado una investigación por un presunto caso de corrupción relacionado con la compra de un software en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), adquirido en la gestión 2022 por un monto superior a los 60.000 bolivianos. Aunque la adquisición se realizó cuando la presidencia de la ALD estaba a cargo de Zvonko Matkovic, las pesquisas no están dirigidas contra él, sino contra la exdirectora administrativa Ximena Evelin Salazar Encinas, quien habría autorizado y firmado el contrato.
El caso salió a la luz tras una denuncia presentada por el actual presidente de la ALD, Antonio Talamás, quien cuestionó la existencia y la implementación del sistema adquirido. En respuesta a esta denuncia, el personal de la Dirección Especializada de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), específicamente de la División Económica, llevó a cabo este miércoles una diligencia investigativa en las instalaciones de la Asamblea. Durante la intervención, se procedió al precintado y secuestro del servidor donde presuntamente debía estar instalado el software en cuestión.
“Es un registro del lugar del hecho que se ha realizado con la finalidad de colectar elementos que nos ayuden a esclarecer la verdad del hecho que se está investigando”, explicó el fiscal Gomer Padilla, quien está a cargo del proceso. Aclaró que no se trató de un allanamiento, sino de un acto investigativo preliminar que forma parte de las primeras acciones destinadas a verificar si el sistema adquirido realmente fue entregado, instalado o utilizado.
Padilla detalló que la contratación del software se realizó bajo la modalidad de consultoría por producto, lo que implica que debía existir un producto final concreto. Sin embargo, hasta la fecha no se ha encontrado evidencia que respalde su existencia o aplicación dentro de las funciones de la Asamblea Legislativa Departamental.
Sobre la posibilidad de un sobreprecio en la contratación, el fiscal indicó que ese aspecto aún se encuentra en evaluación y dependerá del análisis de las pericias técnicas e informáticas que se realicen sobre el servidor secuestrado. “Estamos en los primeros actos investigativos, y de acuerdo con eso se va a ir valorando todos los elementos que se vayan colectando para determinar responsabilidades”, señaló.
El Ministerio Público dejó en claro que la investigación se concentra por ahora en Ximena Evelin Salazar Encinas, quien fue la funcionaria responsable de la contratación durante la gestión 2022. No obstante, el fiscal Padilla no descartó que la investigación pueda ampliarse si se identifican nuevos indicios que involucren a otros funcionarios o exautoridades.
