Ante la nueva escalada de avasallamientos en el departamento de Santa Cruz, la Gobernación convocó este lunes a una reunión de emergencia con representantes del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), la Fiscalía, la Policía y el sector productivo, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas y reafirmar una “lucha implacable, sin privilegios ni impunidad” frente a la toma ilegal de tierras.
La mesa interinstitucional se instaló en la Casa de Gobierno de la capital cruceña, donde las autoridades coincidieron en la necesidad de defender la legalidad, la propiedad privada y la seguridad jurídica, pilares esenciales para garantizar la estabilidad del campo y de la economía regional.
Durante el encuentro, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Ismael Quezada, fue enfático al advertir que el sistema judicial actuará con firmeza ante cualquier vulneración de la ley. “Sepan que el sistema de Justicia va a ser implacable. No va a haber reconocimiento de fueros ni privilegios ante vulneración a la Constitución y la ley”, declaró, subrayando que el respeto a los derechos fundamentales es indispensable para el desarrollo de las labores agropecuarias.
Por su parte, el fiscal departamental Alberto Zeballos informó que 11 personas ya se encuentran con detención preventiva por los hechos violentos ocurridos recientemente en el predio Patujú, en Montero, donde productores y trabajadores fueron agredidos y privados de libertad por grupos armados. “Vamos a aplicar todo el rigor de la ley buscando siempre dar con los autores, luchar contra la impunidad, enjuiciarlos y buscar sentencias ejemplificadoras”, sostuvo Zeballos, detallando que los delitos imputados incluyen avasallamiento, privación de libertad, lesiones y asociación delictuosa.
Desde el sector productivo, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, expresó su respaldo a las acciones conjuntas e insistió en la urgencia de frenar los avasallamientos que amenazan la producción nacional. El dirigente recordó que existen al menos 331 predios avasallados en todo el país, donde los invasores no solo actúan fuera de la ley, sino que también ponen en riesgo inversiones millonarias y el sustento de miles de familias.
Las instituciones presentes coincidieron en la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional, respetando las competencias de cada entidad, con el propósito de prevenir hechos de violencia y frenar la expansión de los asentamientos ilegales. Además, remarcaron que este trabajo conjunto busca sentar un precedente firme frente a una problemática que afecta directamente la paz social y la seguridad jurídica del departamento.
El gobernador Luis Fernando Camacho destacó el compromiso de las fuerzas del orden y de las autoridades judiciales en la defensa del sector agropecuario. “La Policía está haciendo su trabajo y brindando seguridad a todos los productores”, afirmó, reiterando el pleno respaldo de la Gobernación para que las instituciones involucradas continúen sus labores sin contratiempos.
Finalmente, el presidente del TDJ, Ismael Quezada, resaltó que esta mesa representa “el inicio de un accionar compartido y coordinado en pro de los derechos de nuestra ciudadanía”, marcando el comienzo de una estrategia conjunta para enfrentar con determinación los avasallamientos y restablecer la confianza en la justicia boliviana.
