Una vez más, la población boliviana se ve directamente afectada por un nuevo conflicto en el sector sanitario. Los trabajadores de salud confirmaron que a partir de este martes 7 de octubre de 2025 iniciarán un paro departamental movilizado de 72 horas, en exigencia del cumplimiento de una serie de demandas económicas y laborales dirigidas a los distintos niveles de gobierno.
La medida, que se extenderá hasta el jueves 9 de octubre, incluye movilizaciones en la capital cruceña y en las provincias, además de la continuación de una huelga de hambre instalada en los predios de la Quinta Municipal. Así lo establece el documento oficial emitido por las organizaciones de trabajadores de salud, que señala: “Se determinó acatar disciplinadamente paro departamental movilizado de 72 horas este martes 07, miércoles 08 y jueves 09 de octubre de 2025 en los tres niveles de salud en ciudad y provincias, continuando con la huelga de hambre en predios de la quinta municipal”.
Entre las principales exigencias al Gobierno Departamental (Gobernación), el sector demanda el pago del retroactivo e incremento salarial, así como el cumplimiento de los ítems GAD y prefecturales, cuyo plazo venció el 31 de julio de 2025. Asimismo, exigen que se atienda el pliego petitorio de salud ambiental y control de vectores, áreas que —según denuncian— continúan desatendidas pese a su importancia para la salud pública.
Otro de los puntos destacados del pliego laboral es el “respeto a las reposiciones de ítems por jubilación, fallecimiento y acefalia”, una demanda que busca evitar el debilitamiento del personal sanitario ante la falta de reemplazos en puestos vacantes.
En el ámbito municipal, los trabajadores exhortan a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra a firmar el addendum a los contratos laborales hasta diciembre de 2025, reponer los contratos e ítems municipales eliminados, reincorporar a los trabajadores despedidos y rechazar los despidos injustificados que, según denuncian, se han producido en los últimos meses.
Finalmente, los trabajadores del sector también exigen a las alcaldías de El Torno y Urubichá el pago inmediato de los salarios atrasados correspondientes a los meses de junio, julio, agosto y septiembre, señalando que esta situación ha generado una crisis económica entre los funcionarios afectados.
