El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó este jueves el proyecto de ley de amnistía e indulto presidencial, una norma impulsada por el Órgano Ejecutivo y que generó fuertes posiciones encontradas entre los legisladores del oficialismo y la oposición. Tras su aprobación, el documento fue remitido al Ejecutivo para su promulgación por el presidente Luis Arce Catacora.
Durante el debate, asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) defendieron la aprobación del proyecto, asegurando que busca descongestionar las cárceles del país y garantizar el acceso a la justicia. Sin embargo, la bancada opositora cuestionó duramente la iniciativa, calificándola como una medida que podría beneficiar a personas condenadas por delitos graves, entre ellos el narcotráfico.
“Lo lamentable es que se ha aprobado el decreto de indulto de Luis Arce para promover y favorecer el narcotráfico, dando indulto a condenados ejecutoriados con graves delitos de narcotráfico”, expresó el diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana (CC), durante su intervención en la sesión.
Desde el MAS, los legisladores defendieron la medida argumentando que no se trata de un perdón indiscriminado, sino de una acción humanitaria dirigida a personas que cumplen criterios jurídicos específicos y que permitirá reducir el hacinamiento carcelario, uno de los principales problemas del sistema penitenciario boliviano.
La diputada Olivia Guachalla, del MAS, explicó que el proyecto fue revisado por la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, la cual dio luz verde a su tratamiento en el pleno.
“Es una ley presidencial que entrará en vigencia una vez promulgada. Su contenido debe socializarse porque está enfocada en luchar contra el hacinamiento carcelario y en atender a privados de libertad que aún esperan la revisión de sus procesos”, manifestó Guachalla.
La legisladora añadió que la urgencia de poner en marcha la norma responde a la crítica situación de los recintos penitenciarios del país, donde la sobrepoblación supera en algunos casos el 300% de su capacidad.
“Hay una necesidad inmediata de aplicar esta ley, porque será clave para enfrentar la crisis carcelaria y garantizar un trato más humano a quienes están detenidos preventivamente o en condiciones vulnerables”, sostuvo.
Según la explicación de los legisladores oficialistas, la ley de amnistía e indulto beneficiará a personas privadas de libertad que cumplan con ciertos criterios jurídicos y humanitarios, tales como madres con hijos menores, personas de la tercera edad, enfermos terminales, o detenidos por delitos menores y sin antecedentes de violencia.
El Ejecutivo sostiene que la aplicación de esta ley no alcanzará a quienes fueron condenados por delitos graves, como feminicidio, violación, trata y tráfico de personas o corrupción, aunque la oposición mantiene su preocupación por una posible falta de control en la selección de beneficiarios.
