Los cinco magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) fueron oficialmente apartados de sus cargos y ahora enfrentan diversas denuncias penales, en un escenario marcado por decisiones judiciales paralelas que aceleraron su salida y motivaron la intervención del Ministerio Público.
Uno de los aspectos más llamativos de esta situación es que los propios magistrados prorrogados —Gonzalo Hurtado Zamorano, René Yván Espada, Isidora Jiménez Castro, Julia Elizabeth Cornejo y Karem Lorena Gallardo— firmaron un auto constitucional mediante el cual reconocen y determinan el fin de sus mandatos.
Este auto constitucional, que también alcanza a dos autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), establece “el cese de sus funciones, a ejecutarse dentro del plazo de 10 días hábiles”, al mismo tiempo que ratifica la validez de todos los actos emitidos durante el periodo de prórroga de sus mandatos.
Mientras esta resolución se hacía pública, en Potosí avanzaba una audiencia por una acción popular presentada por autoridades originarias. En dicha instancia, la Sala Constitucional Primera ordenó el cese inmediato de los cinco magistrados, decisión que horas más tarde fue replicada por otra sala en el departamento de Santa Cruz.
Según los reportes surgidos desde Potosí, la acción popular también solicitó remitir antecedentes al Ministerio Público por presuntos delitos de usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado.
En este contexto, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que el proceso penal ya está en curso. Informó que los exmagistrados están denunciados por los presuntos delitos de falsedad, violencia y acoso político contra mujeres. Añadió que el investigador a cargo del caso está reuniendo los elementos necesarios para proceder con la citación de los acusados.
Sin embargo, la situación se tornó aún más compleja cuando, durante la noche, trascendió la existencia de órdenes de aprehensión contra los magistrados prorrogados, con excepción de la exmagistrada Isidora Jiménez. La información fue difundida por el abogado Oliver Coronado desde Santa Cruz, quien señaló que este miércoles se llevará a cabo una audiencia en la que se solicitará que dicha orden también se haga extensiva a Jiménez.
Coronado explicó que la acción popular presentada incluía solicitudes de mandamientos de aprehensión y alertas migratorias contra los exmagistrados; no obstante, no aclaró el procedimiento exacto mediante el cual se emitieron estas órdenes. Pese a los intentos de contacto, el abogado no respondió a las consultas de UNITEL Digital para precisar el origen y la legalidad de estas disposiciones judiciales.
Tras este convulso panorama, los magistrados electos del TCP llevaron adelante una sesión de sala plena con el fin de reorganizar la institución. En este encuentro se designó a Paola Prudencio como nueva presidenta del TCP, en un intento por restablecer la normalidad institucional luego de meses de tensiones y conflictos internos.
Durante su posesión, Prudencio afirmó que “en los últimos tiempos, una sombra de incertidumbre, desconfianza y zozobra se ha posado sobre esta institución”, haciendo hincapié en la importancia de restituir la legalidad del TCP. Asimismo, enfatizó que “el tiempo de la autoprórroga ha concluido” y subrayó que quienes intentaron mantenerse en funciones con mandatos ya vencidos finalmente han cesado.
