El Ministerio Público ejecutó este lunes una serie de allanamientos simultáneos en oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en varias regiones del país, como parte de una investigación por presuntos cobros irregulares, desvío de combustible y posibles hechos de corrupción que, según estimaciones preliminares, habrían provocado un daño económico millonario a la estatal petrolera. En Santa Cruz, cinco funcionarios fueron arrestados y trasladados para declarar ante la Fiscalía.
El presidente ejecutivo de YPFB, Yussef Akly, confirmó que los operativos liderados por el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) alcanzaron distritos comerciales, redes de gas, oficinas administrativas y plantas operativas, abarcando así diferentes niveles de la estructura institucional.
“Estas diligencias se ejecutaron en el marco estricto de las acciones de transparencia institucional, atendiendo denuncias sobre presuntos cobros irregulares, desvío de combustible y otros hechos de corrupción”, indicó Akly en conferencia de prensa.
El ejecutivo de YPFB recalcó que la empresa estatal se considera víctima en estos casos y adelantó que se presentará formalmente en todos los procesos penales abiertos. “Vamos a presentar las querellas correspondientes y colaborar de manera activa, plena y transparente con la investigación”, afirmó.
DAÑO POTENCIAL DE HASTA 1.000 MILLONES DE DÓLARES AL AÑO
Akly informó que las primeras pesquisas señalan que el desvío de combustible podría alcanzar entre el 20% y el 25% del total comercializado anualmente por YPFB. Esa cifra, según estimaciones internas, representaría una pérdida de entre 800 y 1.000 millones de dólares por año, un monto que calificó como “alarmante” y que apunta a la posible existencia de una estructura ilícita organizada.
Aunque evitó emitir conclusiones definitivas, el ejecutivo reconoció: “Nos hemos encontrado sorprendidos. En los próximos días se irá esclareciendo. Todo funcionario involucrado será puesto a disposición de la justicia”.
Como parte de las primeras medidas, la estatal dispuso el relevo inmediato de los responsables de las reparticiones investigadas. Akly también presentó al nuevo jefe del Distrito Oriente, el ingeniero Óscar Rodríguez, a quien describió como un profesional honesto y con amplia experiencia en el sector.
Los allanamientos provocaron la suspensión temporal de la atención al público en algunas oficinas, aunque Akly aseguró que el servicio se normalizará “en las próximas horas”. Además, garantizó que el abastecimiento de combustibles en el país está plenamente asegurado y reafirmó la política de tolerancia cero frente a la corrupción, en cumplimiento de las directrices del presidente Rodrigo Paz Pereira.
CINCO FUNCIONARIOS ARRESTADOS EN SANTA CRUZ
El fiscal anticorrupción Brayan Melgar detalló que la investigación se inició de oficio, tras detectarse irregularidades en contratos relacionados con la construcción y prestación de servicios para YPFB. “Se han constatado incumplimientos en plazos y montos establecidos. Esta denuncia nace por una irregularidad contractual”, afirmó.
Melgar informó que cinco funcionarios fueron arrestados y trasladados para prestar declaraciones, todos vinculados a diferentes áreas de la estatal petrolera. “El objetivo es individualizar a los responsables que participaron en la adjudicación y supervisión de estos contratos”, explicó.
Aunque evitó precisar el daño económico, señaló que la investigación contempla delitos como incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y otros que podrían ampliarse conforme avance el análisis documental. “Sería irresponsable adelantar cifras, pero estamos frente a un concurso de delitos que deberán ser esclarecidos en los próximos días”, añadió.
El fiscal confirmó que los operativos se realizaron simultáneamente en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. En este caso concreto, la denuncia se encuentra radicada en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz.
Durante la tarde, los equipos fiscales colectaron gran cantidad de documentación que ahora será analizada para profundizar la investigación y determinar responsabilidades.
Akly concluyó reiterando que YPFB implementará una reestructuración interna para evitar nuevas irregularidades. “El desmantelamiento de estas estructuras ilícitas es una premisa fundamental de esta administración. No habrá protección para nadie”, aseguró.
