En medio de un escenario marcado por la incertidumbre jurídica que rodea a Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y la posibilidad de que el partido quede fuera del sistema de organizaciones políticas, el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, anunció una doble estrategia orientada a enfrentar el momento político y social. Por un lado, presentó un programa municipal de impacto social para aliviar el costo de vida de la población; y por otro, confirmó la activación de un plan B político para evitar la desaparición de su fuerza si se concreta la pérdida de la personería jurídica.
“Pueden tumbar una sigla, pero no van a tumbar el amor ni la solidaridad por el pueblo”, afirmó Fernández al referirse al escenario adverso que enfrenta UCS. El alcalde confirmó que el partido ya trabaja en alternativas políticas ante una eventual exclusión del proceso electoral. “Si se da esa jugada política, vamos a buscar otra sigla y vamos a continuar. No nos vamos a echar a llorar. Vamos a ser protagonistas y vamos a ganar elecciones”, aseguró.
Desde la gestión municipal, Fernández presentó la segunda fase del plan de protección a la economía popular, una iniciativa que surge como respuesta a las denuncias de amas de casa por el incremento de precios de los alimentos básicos. Según explicó, existe una diferencia de hasta Bs 11 entre el precio que recibe el productor y el que paga el consumidor final en los mercados, lo que eleva significativamente el costo de productos de primera necesidad.
La medida central de este plan es la implementación del denominado “combo solidario de verduras”, que incluye tres libras de papa, tres de cebolla y tres de zanahoria por un precio de Bs 15. De acuerdo con el alcalde, el mismo conjunto de productos puede llegar a costar alrededor de Bs 30 en los mercados tradicionales. El programa se ejecutará mediante la venta directa, en coordinación con productores y organizaciones de mujeres.
El plan también contempla la venta de un corte único de carne a Bs 37, que estará disponible tanto en el matadero municipal como en los distintos distritos de la ciudad. Las ferias se desarrollarán de martes a sábado, a partir de las 7:30 de la mañana, en subalcaldías y barrios.
Asimismo, Fernández anunció un componente solidario adicional: Bs 1 de cada venta será destinado a la compra de medicamentos para niños con cáncer, con desembolsos semanales conforme se recauden los fondos.
La activación del plan B político se produce en un contexto en el que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que no ha recibido ninguna notificación oficial por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) respecto a la situación jurídica de UCS. El partido obtuvo el 1,67% de los votos en las elecciones generales de agosto de 2025, porcentaje inferior al 3% que exige la Ley de Organizaciones Políticas para mantener la personería jurídica.
De manera extraoficial, trascendió que el TCP habría rechazado dos recursos constitucionales presentados por UCS —una acción abstracta y otra concreta—, lo que dejaría expedito el camino para la cancelación de su personería jurídica y su eventual exclusión de las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo de 2026. No obstante, el TSE reiteró que solo actuará sobre la base de notificaciones formales.
Fernández apeló a los antecedentes históricos del partido para relativizar el impacto de una eventual pérdida de sigla. Recordó que Max Fernández, fundador del proyecto político, enfrentó en el pasado la desaparición de organizaciones como UCB y UCN, y aun así logró reconstruir su presencia política con la elección de alcaldes, parlamentarios y prefectos.
“Ya nos tumbaron dos veces y aquí estamos. Hoy puede pasar lo mismo, pero no nos van a sacar del escenario político”, afirmó el alcalde, quien incluso dejó abierta la posibilidad de volver a postular personalmente si el contexto político así lo exige.
De manera paralela, el alcalde cruceño exigió al Órgano Electoral ejercer un control previo sobre el financiamiento de las campañas electorales, en referencia a recientes escándalos que han salpicado el proceso en curso. “No se puede investigar después de las elecciones. Hay que saber ahora de dónde sacan millones los candidatos”, demandó Fernández, insistiendo en la necesidad de mayor transparencia y fiscalización durante la campaña.
