Ramiro Villarpando Camargo, quien se desempeñó como gerente ejecutivo de la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro) entre 2022 y 2025, enfrenta un proceso penal tras acumular al menos tres denuncias por presuntos malos manejos durante su gestión. Las investigaciones formales se iniciaron en septiembre de 2025 y este miércoles el exfuncionario fue aprehendido a raíz de una nueva denuncia presentada por el actual Ministerio de Desarrollo Productivo. El daño económico estimado al Estado ascendería a aproximadamente Bs 500 millones.
Villarpando fue trasladado desde la ciudad de Cochabamba, donde residía, hasta La Paz, arribando cerca de las 20:00 a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). En la orden de aprehensión se establece que el exgerente debe asumir defensa material dentro de la investigación penal seguida por el Ministerio Público, a denuncia de B-Agro y del Ministerio de Desarrollo Productivo, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, además de otros posibles ilícitos que puedan surgir en el proceso.
El exgerente ya era investigado desde 2025, cuando Yamil Flores asumió funciones como ministro de Desarrollo Rural y anunció que, tras la realización de auditorías, se determinó iniciar acciones legales por irregularidades detectadas en la empresa estatal. Sin embargo, las primeras alertas surgieron incluso antes: en septiembre de ese mismo año, el diputado Héctor Arce presentó una denuncia contra Villarpando y autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo, aunque el caso no avanzó de manera sustancial en ese momento.
Con la insistencia del Ministerio, las investigaciones se reactivaron y permitieron identificar nuevas anomalías, entre ellas la compra de equipos, maquinaria y otros bienes que nunca habrían sido utilizados, pese a que B-Agro contaba con importantes recursos económicos asignados por el Estado.
B-Agro fue creada el 20 de abril de 2022, cuando el gobierno del presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 4701, que dio origen a la empresa con un patrimonio inicial de Bs 140 millones. Su objetivo principal era la compra de semillas y el almacenamiento de productos agropecuarios, con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria del país.
No obstante, el diputado Arce denunció que, tras visitar las propiedades adquiridas por la empresa estatal, constató que muchas de ellas correspondían a “obras fantasmas”. Además, señaló que semillas compradas con recursos públicos habrían sido revendidas a productores locales sin que existiera rendición de cuentas ni transparencia sobre el destino de los fondos.
Entre los casos abiertos contra Villarpando figuran el denominado “agroquímicos”, en el que se identifican posibles delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y malversación; el caso “semilla de urea”, también por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica; y finalmente el caso “urea”, que incluye además acusaciones por falsedad material. Las autoridades no descartan que, conforme avance la investigación, se sumen nuevos cargos en contra del exgerente y otros posibles implicados.
