La controversia por los daños atribuidos a la gasolina desestabilizada en Bolivia continúa generando fricciones entre sectores del transporte y el Gobierno. Mientras la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció que prevé iniciar desde la próxima semana los primeros pagos de resarcimiento a propietarios de vehículos afectados, transportistas y mototaxistas denuncian retrasos en el proceso, problemas en el registro de reclamos y advierten con retomar movilizaciones si no reciben respuestas inmediatas.
El presidente de la petrolera estatal, Yussef Akly, informó que el mecanismo de compensación ya ingresó a su fase operativa. El plan forma parte de un programa de seguro diseñado por la empresa luego de detectar fallas en determinados lotes de combustible que habrían provocado daños en motores y otros componentes de vehículos en diferentes regiones del país.
“La previsión es que a partir de la próxima semana se empiece con los primeros pagos en relación al seguro”, explicó la autoridad al referirse al inicio del proceso de compensación económica para los afectados.
Según Akly, antes de efectuar los desembolsos fue necesario habilitar cuentas especiales destinadas exclusivamente a canalizar los pagos del seguro. Este procedimiento administrativo ya se encuentra en marcha y permitirá comenzar con la indemnización de los casos que hayan sido verificados y aprobados por los equipos técnicos.
Para gestionar los reclamos, YPFB implementó el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), una plataforma digital destinada a recibir las solicitudes de propietarios de vehículos que reportan daños presuntamente ocasionados por la gasolina defectuosa.
De acuerdo con datos proporcionados por la estatal, el sistema ya registra alrededor de 10.000 consultas de usuarios interesados en conocer el procedimiento para acceder al resarcimiento. De ese total, más de 4.000 casos cuentan con registros completos, es decir, presentan la documentación necesaria para iniciar la evaluación técnica correspondiente.
El mecanismo fue diseñado para funcionar a través de una plataforma digital conectada a la aplicación WhatsApp. Mediante este sistema, los afectados pueden enviar fotografías, videos y documentos que respalden los daños reportados en sus vehículos, lo que facilita el proceso de verificación por parte de los técnicos de la petrolera estatal.
YPFB también anunció que la plataforma permanecerá habilitada durante todo el mes de marzo para recibir nuevas solicitudes. Posteriormente, durante abril, se prevé analizar casos excepcionales, especialmente aquellos que presenten documentación incompleta o situaciones particulares que requieran una revisión adicional.
La empresa explicó que el problema se originó en lotes específicos de combustible detectados en algunos tanques de almacenamiento, aunque hasta el momento no se han precisado públicamente los volúmenes comprometidos ni las estaciones de servicio donde pudo haberse distribuido el producto defectuoso.
A pesar de los anuncios oficiales, varios sectores del transporte consideran que el proceso avanza con demasiada lentitud. La Federación de Transporte Urbano Chuquiago Marka, en la ciudad de La Paz, denunció que la plataforma de registro presenta dificultades técnicas que impiden a muchos conductores completar los trámites de indemnización.
El dirigente del sector, Santos Escalante, afirmó que el sistema “trae complicaciones” y que no estaría respetando algunos acuerdos previamente establecidos con las autoridades gubernamentales.
Uno de los principales reclamos está relacionado con el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), documento que la plataforma exige para acreditar la propiedad del vehículo. Según Escalante, el sistema rechaza solicitudes cuando el RUAT no está registrado a nombre del conductor que realiza el trámite.
El dirigente sostuvo que el sector había acordado con las autoridades que también se aceptarían documentos privados de transferencia como prueba válida de propiedad, una alternativa frecuente entre conductores del transporte público.
“Hemos quedado que si presentamos un documento privado esto se iba a respetar”, señaló el representante del sector.
Ante esta situación, los transportistas dieron un plazo de 48 horas al Gobierno para corregir las observaciones y pidieron habilitar puntos físicos de registro, con el fin de facilitar el trámite a los conductores que no logran completar el proceso digital.
Las críticas también se extendieron al sector de los mototaxistas en el departamento de Santa Cruz. Dirigentes de este gremio aseguran que, hasta el momento, ninguno de sus afiliados ha recibido compensación por los daños atribuidos al combustible defectuoso.
El presidente del sector, Rubén Cardozo, indicó que el gremio presentó aproximadamente 6.000 carpetas de reclamo ante YPFB, pero que aún no obtuvieron respuesta oficial sobre el estado de los trámites.
“Ninguno de nuestros asociados recibió resarcimiento”, afirmó el dirigente.
La organización entregó dos cartas formales a la petrolera estatal solicitando acelerar el proceso de compensación y pidiendo explicaciones sobre otros daños detectados en los vehículos, entre ellos afectaciones en la pintura, que según los mototaxistas también podrían estar vinculadas con el combustible.
Ante la falta de respuestas, el sector advirtió que evaluará retomar movilizaciones si hasta mediados de semana no recibe una solución concreta a sus demandas.
El caso de la gasolina desestabilizada ha generado preocupación entre transportistas y usuarios, ya que abrió un debate sobre la calidad del combustible distribuido en el país.
En Bolivia, el abastecimiento de gasolina depende en gran medida de importaciones de combustibles que luego son mezclados con componentes producidos localmente en refinerías operadas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Posteriormente, el producto pasa por una cadena de almacenamiento, transporte y distribución antes de llegar a las estaciones de servicio.
Aunque la estatal petrolera sostiene que el problema corresponde a volúmenes específicos ya identificados, los sectores afectados demandan mayor transparencia sobre el origen del combustible defectuoso y garantías de que una situación similar no volverá a repetirse.
