El expresidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, hizo pública una carta desde el Penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz, donde actualmente se encuentra detenido, en la que denuncia una serie de vulneraciones a sus derechos humanos y asegura ser víctima de una persecución política.
En el documento, también advierte sobre los riesgos que enfrenta su salud, señalando que no se le ha permitido realizarse exámenes médicos necesarios, pese a requerimientos especializados.
La carta, fechada el 31 de marzo de 2026, expresa su preocupación por lo que considera acciones que atentan contra principios fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado y en normas internacionales de derechos humanos.
Dentro del texto, el exmandatario sostiene que, en el marco del proceso iniciado en su contra por el gobierno de Rodrigo Paz, todas las solicitudes presentadas por su defensa han sido rechazadas. Entre ellas, menciona una petición reciente para someterse a exámenes médicos recomendados por un cardiólogo, situación que —según afirma— pone en riesgo su salud e integridad física.
Asimismo, denuncia que fue privado de su libertad el 10 de diciembre de 2025 sin una orden judicial de aprehensión, hecho que califica como un “secuestro al margen de la ley”.
En su pronunciamiento, también señala haber sido víctima de tortura psicológica y afirma que se han tomado fotografías y grabaciones dentro del recinto penitenciario sin su consentimiento, lo que considera una vulneración adicional a sus derechos.
El expresidente exige que se respete la legalidad vigente y que tanto jueces como fiscales actúen con objetividad, sin presiones políticas ni institucionales. En esa línea, sostiene que el proceso en su contra responde a una supuesta “venganza” y que sería utilizado como una estrategia para desviar la atención de problemas como la incapacidad y la corrupción del actual gobierno.
Finalmente, Luis Arce Catacora hizo un llamado a las autoridades competentes para que actúen en estricto apego a la Constitución, a la legalidad y a los principios de justicia, y pidió el cese de lo que describe como un mecanismo de persecución política, mediática e institucional orientado a desacreditarlo y vulnerar sus derechos fundamentales.
