El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que este miércoles se remitirá a la instancia correspondiente el proyecto reformulado del Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2026, el cual contempla un monto cercano a los Bs 390.000 millones. La autoridad destacó que esta nueva propuesta presupuestaria se sustenta en bases más realistas y sólidas en comparación con el documento vigente.
Espinoza explicó que el presupuesto anterior, elaborado durante la administración del presidente Luis Arce, presentaba una sobreestimación de aproximadamente Bs 15.000 millones en ingresos proyectados que, según el análisis del actual equipo económico, no iban a concretarse. Esta situación, afirmó, generaba una distorsión en las cuentas fiscales y comprometía la planificación financiera del Estado.
Asimismo, el ministro señaló que en el PGE anterior se incluyeron alrededor de Bs 4.800 millones destinados a proyectos de inversión que carecían de condiciones mínimas para su ejecución. Entre las observaciones mencionó la ausencia de fichas técnicas y, en algunos casos, la falta de derecho propietario sobre los terrenos donde se pretendían desarrollar dichas iniciativas, lo que hacía inviable su implementación.
En cuanto al déficit fiscal, Espinoza advirtió que, de haberse mantenido la estructura previa del presupuesto, este podría haber superado el 15% del Producto Interno Bruto (PIB) durante la presente gestión. Sin embargo, con la reformulación planteada, el Gobierno proyecta iniciar con un déficit fiscal del 9% del PIB, buscando así un mayor equilibrio en las finanzas públicas.
Por otro lado, el titular de Economía destacó que el nuevo proyecto incorpora modificaciones orientadas a mejorar la gestión de recursos por parte de los gobiernos subnacionales. En ese sentido, anunció que se plantea otorgar mayor flexibilidad a alcaldías y gobernaciones para realizar transferencias presupuestarias.
Actualmente, estos trámites pueden demorar hasta 45 días; no obstante, con la reformulación propuesta en la ley del presupuesto, se pretende reducir significativamente estos plazos, llevándolos a un rango de entre 15 y 0 días. Según Espinoza, esta medida permitirá una ejecución más eficiente y oportuna de los recursos públicos en beneficio de las regiones.
