Este domingo se cumplen 17 días de la movilización impulsada por el dirigente de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, quien dejó de lado el amplio pliego petitorio del sector para centrar sus demandas en la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Las medidas de presión, que mantienen cercadas a las ciudades de La Paz y El Alto, además de otros puntos estratégicos del país, han provocado millonarias pérdidas económicas en diferentes sectores, especialmente entre quienes dependen de ingresos diarios para sostener a sus familias. Ante esta situación, diversos dirigentes comenzaron a exigir la detención de Argollo para que responda por las consecuencias de los bloqueos.
El dirigente gremial de El Alto, Antonio Siñani, cuestionó la continuidad de las protestas y sostuvo que los bloqueos ya no tienen fundamento, luego de que el Gobierno decidiera abrogar la Ley 1720 de conversión de propiedades, una de las principales demandas planteadas por los movilizados.
En ese marco, exigió a la dirigencia de la COB levantar inmediatamente las medidas de presión, asegurando que hasta la fecha las pérdidas económicas superan los Bs 5 millones.
“En estos bloqueos los gremiales tenemos una pérdida de más de 5 millones. ¿Quién va a responder? Va a tener que ser el señor Argollo”, afirmó Siñani, haciendo además referencia a las personas fallecidas durante las protestas debido —según denunció— a la falta de atención médica oportuna causada por los bloqueos.
Mientras tanto, Argollo decidió radicalizar las movilizaciones luego de concretar alianzas con sectores campesinos que mantienen interrumpidas las rutas hacia la frontera con Perú, Oruro y la región del lago Titicaca. Las protestas también afectan a zonas urbanas, siendo Senkata y Río Seco, en El Alto, algunos de los puntos más conflictivos.
“Están sufriendo, Argollo, fíjate en El Alto, cómo están saqueando los puestos de venta, cómo están amedrentando, cómo tú estás haciendo amenazar”, manifestó el dirigente, quien además representa a la Central de Trabajadores de Bolivia, organización que —según afirmó— agrupa a sectores no afiliados a la COB.
Siñani consideró además que detrás de las movilizaciones existen intereses políticos y calificó de “irracional” la exigencia de renuncia del presidente Paz, señalando que este pedido cierra cualquier posibilidad de diálogo o negociación con el Gobierno.
Asimismo, cuestionó la demanda de incremento salarial impulsada por la COB y sostuvo que la medida no beneficiará a varios sectores productivos e independientes.
“Ahora, con el aumento salarial que ellos están pidiendo, ¿el 20% va a beneficiar a los gremiales, a los transportistas, carpinteros, Conamypes o a los campesinos? No. Entonces dejá de mentir, Argollo, basta, reaccioná”, expresó.
En la misma línea, el dirigente de la Confederación Nacional Gremiales de Bolivia, César Gonzáles, pidió al Gobierno asumir medidas más severas contra los bloqueadores y acusó a Argollo de encabezar una movilización sin una demanda legítima.
Según Gonzáles, seis filiales de la COB decidieron apartarse de las protestas al considerar que el país necesita producción y estabilidad económica para salir adelante.
El dirigente también denunció hechos de violencia registrados durante las movilizaciones y mencionó la agresión sufrida por el diputado Roger Labardens, quien fue golpeado por manifestantes cuando se dirigía al aeropuerto de El Alto.
“Existen normas y una Constitución que deben hacerse respetar. El Gobierno tiene que garantizar carreteras expeditas y la seguridad jurídica de cada boliviano para poder transitar libremente por el país”, sostuvo Gonzáles.
Asimismo, pidió que se aplique la ley contra quienes protagonizan los bloqueos y señaló que, si es necesario asumir medidas extremas para restablecer el orden, el Ejecutivo debe hacerlo.
Por su parte, Juan Yujra, representante del transporte pesado de Santa Cruz, calificó como un “crimen” el bloqueo del abastecimiento de alimentos, medicamentos e insumos médicos.
“Aquí el Gobierno, la Fiscalía, la Policía y el Ministerio de Gobierno deben actuar de oficio, porque esta gente, principalmente el señor Argollo, está incitando a la movilización”, afirmó.
En criterio del dirigente transportista, las protestas ya dejaron de ser una reivindicación social y pasaron a convertirse en una medida netamente política.
“Esto ya no es un bloqueo de reivindicación social, este es un bloqueo político”, sostuvo Yujra, quien además criticó que los sectores movilizados no protagonizaran protestas similares durante anteriores administraciones del Movimiento Al Socialismo.
Finalmente, denunció hechos de violencia y coerción contra transportistas y ciudadanos que intentan circular por las carreteras bloqueadas.
“Están quebrando camiones, están chicoteando a la gente, están obligando. Esto es salvajismo, esto es dictadura. No se puede obligar a nadie a salir a las calles ni romper vehículos. Esta gente debe ser procesada y debe estar en la cárcel”, concluyó.
