La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) salió este fin de semana al paso de las versiones que la vinculan con supuestos acuerdos políticos y beneficios especiales otorgados por el Gobierno, particularmente en torno al acceso a combustible subvencionado y a la actual crisis generada por los bloqueos de carreteras que afectan a distintas regiones del país.
El ejecutivo nacional de la organización, Josué Cari Cari, rechazó las acusaciones y aseguró que el sector cooperativista minero no mantiene vínculos con la Central Obrera Boliviana (COB), además de negar que el Ejecutivo haya comprometido la entrega de diésel subvencionado como parte de recientes reuniones sostenidas con autoridades nacionales.
“Queremos aclarar que no pertenecemos a la COB y tampoco hemos solicitado ni recibido diésel subvencionado”, afirmó el dirigente, al cuestionar las versiones que comenzaron a circular tras los encuentros desarrollados con representantes del Gobierno.
Las declaraciones de Fencomin se producen en un contexto particularmente delicado para Bolivia, marcado por bloqueos impulsados por sectores afines al evismo que han provocado problemas logísticos en diferentes regiones y afectan el abastecimiento de combustibles, alimentos y productos básicos.
En medio de esta coyuntura, diversos sectores comenzaron a cuestionar los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y organizaciones sociales, especialmente luego de conocerse que cooperativas mineras sostuvieron reuniones con autoridades para abordar temas relacionados con provisión de carburantes, acceso a explosivos, tributación y seguridad jurídica.
La polémica tomó fuerza debido a que el abastecimiento de diésel se convirtió en uno de los principales focos de tensión económica del país. Durante los últimos meses, sectores productivos, agroindustriales y transportistas denunciaron dificultades para acceder al combustible, mientras YPFB reconoció problemas logísticos y una creciente presión sobre la demanda interna.
En ese escenario, comenzaron a surgir cuestionamientos sobre si determinados sectores estratégicos estarían recibiendo prioridad o condiciones preferenciales para acceder al combustible subvencionado.
Aunque Fencomin negó categóricamente haber recibido beneficios especiales, el debate volvió a instalar la discusión sobre el destino de los carburantes subvencionados y el elevado costo fiscal que representa para el Estado mantener el actual esquema de subsidios.
Bolivia sostiene desde hace años un sistema estatal de subvención para gasolina y diésel que implica millonarios recursos públicos destinados a importar combustibles y mantener precios internos por debajo de los valores internacionales.
Durante 2025 y 2026, el Gobierno reconoció que el gasto en importación de carburantes aumentó considerablemente debido a la caída en la producción nacional de hidrocarburos y al incremento de los precios internacionales del petróleo y derivados.
La situación se agravó con las filas registradas en surtidores y episodios temporales de escasez en distintas ciudades del país, generando preocupación tanto en el sector empresarial como en la ciudadanía.
Pese a las recientes aclaraciones, analistas recuerdan que la relación entre el cooperativismo minero y el poder político en Bolivia ha sido históricamente estrecha. Las cooperativas mineras son consideradas uno de los sectores sociales con mayor capacidad de presión y movilización, y en distintos gobiernos negociaron beneficios relacionados con áreas de explotación, régimen tributario, provisión de explosivos y acceso a combustibles.
Actualmente, el cooperativismo minero concentra a más de 120.000 trabajadores en todo el país y participa principalmente en la explotación de oro, estaño, zinc y otros minerales estratégicos. Además, el sector representa una parte importante de las exportaciones mineras bolivianas, especialmente debido al crecimiento de la producción aurífera durante los últimos años.
En paralelo, el Gobierno busca mantener estabilidad política y evitar nuevas protestas mediante acuerdos con diferentes sectores sociales y productivos. En ese contexto, los cooperativistas mineros continúan siendo considerados un actor clave por su influencia en regiones mineras de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba.
Por ahora, la dirigencia de Fencomin insiste en que no participa de los actuales bloqueos y sostiene que sus reuniones con autoridades responden exclusivamente a demandas laborales y productivas del sector. Sin embargo, la crisis económica y los problemas de abastecimiento mantienen bajo observación cualquier negociación relacionada con el acceso a combustibles subvencionados.
