La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por los hechos de violencia registrados durante el operativo policial que buscaba restablecer la circulación en la carretera Santa Cruz – Beni, a la altura del municipio cruceño de San Julián. El enfrentamiento dejó un saldo de 33 personas heridas, entre civiles y efectivos policiales, en medio de un conflicto que se desarrolla en el marco de las protestas y bloqueos que persisten en distintas regiones del país.
A través de un pronunciamiento oficial, la institución defensorial informó que, del total de personas lesionadas, 26 corresponden a civiles. De ese grupo, 24 presentaban heridas leves y moderadas, por lo que recibieron atención médica y posteriormente fueron dadas de alta. Sin embargo, otras dos personas tuvieron que ser internadas en centros de salud para ser sometidas a intervenciones quirúrgicas, una de ellas debido a una herida provocada por un impacto de bala.
En cuanto a los efectivos policiales heridos durante el operativo, la Defensoría señaló que siete uniformados resultaron lesionados. Cuatro de ellos fueron atendidos por heridas ocasionadas por armas de fuego, mientras que uno permanece internado en una unidad de terapia intensiva tras sufrir una grave lesión en la cabeza.
La institución recordó que, si bien el derecho a la protesta está protegido por normas nacionales e internacionales, dicho amparo no alcanza a acciones que impliquen actos de violencia extrema. En ese sentido, expresó su preocupación por los reportes que apuntan a la presunta participación de actores paraestatales y grupos de choque, así como al uso de armas de fuego y explosivos durante los enfrentamientos.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio Público llevar adelante una investigación objetiva, independiente y transparente que permita esclarecer lo sucedido e identificar responsabilidades individuales. Según el comunicado, resulta fundamental determinar quiénes participaron en los hechos violentos y establecer si existieron grupos organizados que actuaron al margen de las estructuras estatales de seguridad.
Asimismo, la entidad recordó que toda intervención estatal en contextos de conflictividad social debe regirse estrictamente por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. Enfatizó que la protección de la vida y la integridad física de todas las personas debe ser garantizada en todo momento, independientemente de su participación en las protestas o en los operativos de control.
“Durante el operativo se habría evidenciado la presencia de actores paraestatales y grupos de choque, además del uso de armas de fuego y explosivos, situación que debe ser objeto de investigación objetiva y transparente por el Ministerio Público, a fin de establecer responsabilidades individuales”, señala parte del pronunciamiento difundido por la institución.
En esa línea, la Defensoría recordó las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia), que advierten sobre los riesgos de la conformación de grupos que se atribuyen funciones de seguridad o control del orden público.
La institución enfatizó que corresponde al Estado prevenir y evitar la organización de este tipo de agrupaciones, debido a que su actuación puede agravar los escenarios de confrontación y generar mayores riesgos para la población. “La constitución de grupos paraestatales y de choque en contextos de crisis no solo es ilegal sino altamente riesgosa”, puntualizó la Defensoría.
Finalmente, la entidad hizo un llamado a todos los actores involucrados en el conflicto para evitar una mayor escalada de la violencia. Asimismo, instó a privilegiar el diálogo y las soluciones pacíficas, garantizando la protección de la población civil y el respeto a los derechos fundamentales en medio de la crisis que atraviesa el país.
