Un peritaje realizado por la Policía Federal de Brasil descartó la presencia de cocaína en un cargamento de 260 toneladas de madera boliviana que permanece retenido desde junio en la frontera entre Bolivia y Brasil. El informe técnico, divulgado el miércoles 22 de julio, concluyó que todas las pruebas efectuadas sobre las muestras de la carga dieron resultado negativo para la existencia de droga impregnada en la madera, desvirtuando la hipótesis inicial que había llevado a las autoridades brasileñas a considerar el caso como un posible decomiso histórico de narcóticos.
Cuando el cargamento fue interceptado en los municipios brasileños de Corumbá y Cáceres, las autoridades de ese país señalaron preliminarmente que podría tratarse de «la mayor incautación de cocaína registrada en la historia de Brasil», debido a que los primeros análisis presumían que la madera contenía sustancias ilícitas impregnadas en sus fibras.
Sin embargo, ante la magnitud del caso, la Policía Federal decidió ampliar la investigación y sometió el cargamento a una serie de exámenes científicos entre el 23 y el 29 de junio, con el objetivo de confirmar o descartar la presencia de cocaína.
Como parte de las diligencias, los investigadores descargaron completamente la madera para realizar una segunda inspección utilizando perros especializados en la detección de narcóticos. De acuerdo con el informe oficial, los canes no detectaron indicios de sustancias controladas durante la revisión.
Posteriormente, los peritos seleccionaron de manera aleatoria varias piezas de madera y extrajeron nueve muestras, compuestas por aserrín y astillas, mediante el uso de motosierras y taladros. Estas muestras fueron sometidas a distintos análisis instrumentales y de laboratorio para determinar si existía cocaína impregnada en el material.
El informe pericial señala que los especialistas realizaron una inspección minuciosa de las características naturales de la madera, verificando tanto su superficie como su estructura interna para identificar posibles señales de absorción de sustancias ilícitas. Tras completar todas las pruebas, los resultados descartaron la presencia de cocaína en las muestras examinadas.
«Los fragmentos de madera fueron observados minuciosamente para verificar sus principales características naturales y la existencia de indicios macroscópicos que pudieran evidenciar la absorción de sustancias en su interior o en su superficie. Respecto a la sospecha de que las fibras contenían sustancias estupefacientes, se realizaron diversas consideraciones. Todos los ensayos y exámenes instrumentales descritos anteriormente arrojaron resultados negativos para la presencia de cocaína impregnada en las muestras de madera remitidas al peritaje», señala el documento.
Las conclusiones del peritaje brasileño coinciden con la postura que había asumido semanas antes la Policía Boliviana. A mediados de junio, las autoridades nacionales rechazaron las versiones que apuntaban a un supuesto cargamento contaminado con droga y aseguraron que las pruebas realizadas en territorio boliviano tampoco habían encontrado evidencia de cocaína en la madera destinada a la exportación.
Pese a que los análisis científicos descartaron la presencia de sustancias controladas, el cargamento aún no ha sido liberado en su totalidad. Según informó el portal brasileño G1, actualmente cuatro camiones continúan retenidos en la aduana de Corumbá, situación que ha generado importantes perjuicios económicos para las empresas involucradas en la exportación e importación de la madera.
La prolongada inmovilización de la carga ha ocasionado retrasos en las entregas, incremento de los costos logísticos y la paralización de mercancía que ya tenía compradores y destinos previamente establecidos.
El empresario importador de madera Alessandro Castro manifestó que la situación ha provocado graves pérdidas económicas y aseguró que, después de casi un mes de paralización, ninguna institución brasileña ha asumido responsabilidad por los daños ocasionados.
«Llevamos más de veinte días, casi treinta, sin poder trabajar. Tengo más de 40 empleados en Bolivia que dependen de las entregas de madera. Mis clientes ya están pensando en desistir. Estoy sufriendo enormes pérdidas y ninguna institución, ni la Receita Federal ni la Policía Federal, se hace responsable. No me entregan ningún documento. Todos los días dicen que lo harán, pero nunca llega», afirmó.
Por su parte, el abogado Leandro Lobo, representante legal de otro de los importadores afectados, indicó que el costo de mantener los camiones detenidos alcanza aproximadamente 44.000 reales diarios, equivalente a unos 95.000 bolivianos, cifra que continúa aumentando mientras no se autorice la liberación del cargamento.
El jurista anunció que impulsará acciones legales para evitar que los empresarios tengan que asumir esos gastos, argumentando que la retención fue una decisión adoptada por las autoridades brasileñas y que los importadores no son responsables de las demoras ocasionadas por la investigación.
«La defensa decidió cuestionar la actuación de la Receita Federal porque entendemos que, desde el momento en que la mercadería fue retenida, los costos diarios no son responsabilidad de los empresarios, ya que ellos no provocaron esta situación. Si la respuesta es negativa, presentaremos al menos un recurso de amparo para solicitar la exención del pago de esas tarifas», sostuvo Lobo.
Mientras continúan las gestiones judiciales y administrativas para lograr la liberación definitiva de la carga, el informe de la Policía Federal de Brasil representa un respaldo a los resultados obtenidos previamente por las autoridades bolivianas, al concluir que no existe evidencia de cocaína impregnada en las 260 toneladas de madera retenidas en la frontera entre ambos países.
Un peritaje realizado por la Policía Federal de Brasil descartó la presencia de cocaína en un cargamento de 260 toneladas de madera boliviana que permanece retenido desde junio en la frontera entre Bolivia y Brasil. El informe técnico, divulgado el miércoles 22 de julio, concluyó que todas las pruebas efectuadas sobre las muestras de la carga dieron resultado negativo para la existencia de droga impregnada en la madera, desvirtuando la hipótesis inicial que había llevado a las autoridades brasileñas a considerar el caso como un posible decomiso histórico de narcóticos.
Cuando el cargamento fue interceptado en los municipios brasileños de Corumbá y Cáceres, las autoridades de ese país señalaron preliminarmente que podría tratarse de «la mayor incautación de cocaína registrada en la historia de Brasil», debido a que los primeros análisis presumían que la madera contenía sustancias ilícitas impregnadas en sus fibras.
Sin embargo, ante la magnitud del caso, la Policía Federal decidió ampliar la investigación y sometió el cargamento a una serie de exámenes científicos entre el 23 y el 29 de junio, con el objetivo de confirmar o descartar la presencia de cocaína.
Como parte de las diligencias, los investigadores descargaron completamente la madera para realizar una segunda inspección utilizando perros especializados en la detección de narcóticos. De acuerdo con el informe oficial, los canes no detectaron indicios de sustancias controladas durante la revisión.
Posteriormente, los peritos seleccionaron de manera aleatoria varias piezas de madera y extrajeron nueve muestras, compuestas por aserrín y astillas, mediante el uso de motosierras y taladros. Estas muestras fueron sometidas a distintos análisis instrumentales y de laboratorio para determinar si existía cocaína impregnada en el material.
El informe pericial señala que los especialistas realizaron una inspección minuciosa de las características naturales de la madera, verificando tanto su superficie como su estructura interna para identificar posibles señales de absorción de sustancias ilícitas. Tras completar todas las pruebas, los resultados descartaron la presencia de cocaína en las muestras examinadas.
«Los fragmentos de madera fueron observados minuciosamente para verificar sus principales características naturales y la existencia de indicios macroscópicos que pudieran evidenciar la absorción de sustancias en su interior o en su superficie. Respecto a la sospecha de que las fibras contenían sustancias estupefacientes, se realizaron diversas consideraciones. Todos los ensayos y exámenes instrumentales descritos anteriormente arrojaron resultados negativos para la presencia de cocaína impregnada en las muestras de madera remitidas al peritaje», señala el documento.
Las conclusiones del peritaje brasileño coinciden con la postura que había asumido semanas antes la Policía Boliviana. A mediados de junio, las autoridades nacionales rechazaron las versiones que apuntaban a un supuesto cargamento contaminado con droga y aseguraron que las pruebas realizadas en territorio boliviano tampoco habían encontrado evidencia de cocaína en la madera destinada a la exportación.
Pese a que los análisis científicos descartaron la presencia de sustancias controladas, el cargamento aún no ha sido liberado en su totalidad. Según informó el portal brasileño G1, actualmente cuatro camiones continúan retenidos en la aduana de Corumbá, situación que ha generado importantes perjuicios económicos para las empresas involucradas en la exportación e importación de la madera.
La prolongada inmovilización de la carga ha ocasionado retrasos en las entregas, incremento de los costos logísticos y la paralización de mercancía que ya tenía compradores y destinos previamente establecidos.
El empresario importador de madera Alessandro Castro manifestó que la situación ha provocado graves pérdidas económicas y aseguró que, después de casi un mes de paralización, ninguna institución brasileña ha asumido responsabilidad por los daños ocasionados.
«Llevamos más de veinte días, casi treinta, sin poder trabajar. Tengo más de 40 empleados en Bolivia que dependen de las entregas de madera. Mis clientes ya están pensando en desistir. Estoy sufriendo enormes pérdidas y ninguna institución, ni la Receita Federal ni la Policía Federal, se hace responsable. No me entregan ningún documento. Todos los días dicen que lo harán, pero nunca llega», afirmó.
Por su parte, el abogado Leandro Lobo, representante legal de otro de los importadores afectados, indicó que el costo de mantener los camiones detenidos alcanza aproximadamente 44.000 reales diarios, equivalente a unos 95.000 bolivianos, cifra que continúa aumentando mientras no se autorice la liberación del cargamento.
El jurista anunció que impulsará acciones legales para evitar que los empresarios tengan que asumir esos gastos, argumentando que la retención fue una decisión adoptada por las autoridades brasileñas y que los importadores no son responsables de las demoras ocasionadas por la investigación.
«La defensa decidió cuestionar la actuación de la Receita Federal porque entendemos que, desde el momento en que la mercadería fue retenida, los costos diarios no son responsabilidad de los empresarios, ya que ellos no provocaron esta situación. Si la respuesta es negativa, presentaremos al menos un recurso de amparo para solicitar la exención del pago de esas tarifas», sostuvo Lobo.
