El arzobispo de La Paz, monseñor Percy Galván, manifestó que el Gobierno podría evaluar la aplicación de un Estado de excepción de manera regionalizada, especialmente en el trópico de Cochabamba, región que identificó como el principal foco de los conflictos y movilizaciones que actualmente atraviesa el país. La autoridad eclesiástica sostuvo que esta medida permitiría enfrentar la compleja situación generada por los bloqueos de carreteras y las denuncias sobre una presunta participación de grupos vinculados al narcotráfico en las protestas.
Las declaraciones fueron realizadas en medio de un contexto de creciente tensión social, cuando las movilizaciones y bloqueos alcanzan los 40 días consecutivos y continúan afectando el tránsito, el abastecimiento de productos y diversas actividades económicas en distintas regiones de Bolivia.
Galván consideró que el trópico cochabambino requiere una atención especial por parte del Estado debido a las características particulares de la región y a las denuncias formuladas por las autoridades nacionales respecto a la posible presencia de organizaciones ligadas al narcotráfico.
“Ese sector lógicamente requiere tomar y usar esa medida de la excepción regionalizada, porque también está geográficamente ubicado el fuerte del narcotráfico en todo el Chapare”, afirmó el arzobispo durante una entrevista concedida al medio Erbol.
Asimismo, sostuvo que existe una percepción generalizada sobre la limitada presencia estatal en esa zona del país, situación que, a su juicio, dificulta la aplicación efectiva de políticas públicas y el control de actividades ilícitas.
“Para nadie es desconocido que esa es una parte del territorio boliviano donde no hay presencia de Estado”, señaló la autoridad religiosa.
Las declaraciones del arzobispo coinciden con las recientes denuncias realizadas por el presidente Rodrigo Paz, quien reiteró que detrás de las movilizaciones que exigen su renuncia existirían intereses vinculados al narcoterrorismo. El mandatario afirmó que determinados grupos estarían financiando las protestas con el objetivo de generar inestabilidad política y social en el país.
En sus recientes intervenciones públicas, Paz también responsabilizó al expresidente Evo Morales de liderar las movilizaciones y de mantener vínculos con sectores que, según el Gobierno, buscan desestabilizar la actual administración.
“Nuestra mano está extendida para seguir siempre en el diálogo, pero cuídense de los infiltrados y de los violentos. Y a los violentos, a los narcoterroristas, así como cayó Sebastián Marset, sus días están contados”, manifestó el jefe de Estado.
Actualmente, Evo Morales permanece en Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba, donde es resguardado por sus seguidores. El exmandatario no sale de esa región desde hace más de un año debido a una orden de aprehensión emitida en el marco de un proceso por presunta trata de personas que se tramita en el departamento de Tarija.
Durante su análisis sobre la situación nacional, monseñor Galván identificó la existencia de tres actores principales dentro del conflicto que mantiene al país en constante tensión desde hace más de un mes.
Según explicó, el primer grupo está conformado por sectores políticos que tendrían como objetivo debilitar o desestabilizar al Gobierno de Rodrigo Paz. El segundo corresponde a organizaciones sindicales y sociales que impulsan movilizaciones para exigir soluciones a problemas económicos y laborales. Finalmente, señaló la existencia de un tercer sector compuesto por grupos que, según su criterio, recibirían financiamiento de actividades relacionadas con la producción y el tráfico de drogas.
El arzobispo remarcó que, en caso de aplicarse un Estado de excepción en determinadas regiones, esta medida no debería interpretarse como una autorización para el uso indiscriminado de la fuerza, sino como un mecanismo legal para restablecer el orden público respetando el marco jurídico vigente.
En ese sentido, sostuvo que cualquier acción del Estado debe desarrollarse dentro de los límites establecidos por la ley y con pleno respeto a los derechos fundamentales de la población.
“Actuar con todo el rigor de la ley” fue la fórmula que propuso para enfrentar a quienes eventualmente estén involucrados en actividades ilícitas o actos de violencia.
Finalmente, Galván insistió en la necesidad de combatir de manera frontal al narcotráfico mediante el fortalecimiento de la justicia y las instituciones encargadas de investigar estos delitos. Afirmó que este fenómeno representa una amenaza para la sociedad boliviana y lo comparó con un “tumor” que debe ser extirpado para preservar la seguridad, la convivencia pacífica y la estabilidad del país.
