A pocos días de la fecha fijada para el inicio de su juicio en Estados Unidos, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset presentó una carta dirigida a un juez federal en la que denuncia una serie de presuntas irregularidades cometidas durante su detención y permanencia bajo custodia. En el documento, asegura haber sido víctima de extorsión por parte de agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), cuestiona el desempeño de sus abogados defensores e informa que decidió cambiar de representación legal.
En la misiva, Marset afirma que desde el momento en que fue privado de libertad se han vulnerado de manera reiterada sus derechos fundamentales, por lo que solicitó la intervención del tribunal para garantizar que el proceso judicial se desarrolle con imparcialidad y respeto al debido proceso.
“Le escribo para denunciar respetuosamente ante usted una serie de graves violaciones a mis derechos fundamentales que han venido ocurriendo continuamente desde el primer momento en que fui privado de mi libertad, y las cuales considero que requieren de su conocimiento para garantizar un proceso justo”, señala al inicio de la carta.
Entre las acusaciones más delicadas, el uruguayo sostiene que, tras ser trasladado a Estados Unidos y sometido a un interrogatorio, agentes de la DEA le exigieron entregar el acceso a una billetera de criptomonedas cuyo valor, según afirma, asciende a aproximadamente cuatro millones de dólares. De acuerdo con su versión, los investigadores también se habrían comunicado con su madre mediante la aplicación WhatsApp para solicitarle fotografías de un cuaderno donde se encontraban anotadas las claves de acceso a dichas billeteras digitales.
Marset también cuestiona la actuación de los abogados que hasta ahora lo representaban, asegurando que estos se negaron a denunciar las supuestas irregularidades y a presentar recursos para apartar del caso al fiscal federal adjunto encargado de la investigación.
“Mis abogados actuales se han negado a denunciar estos hechos o a presentar mociones para apartar del caso al Fiscal Federal Adjunto”, sostiene en la carta. Asimismo, afirma que, aunque sus defensores notificaron formalmente al fiscal sobre estas denuncias, este no adoptó ninguna medida, lo que, según el acusado, constituye un ocultamiento activo que incumple las obligaciones legales de la autoridad.
Otro de los aspectos denunciados por Marset es la supuesta presión ejercida por el Ministerio Público para que acepte un acuerdo de culpabilidad. Según relata, el fiscal habría insistido de manera constante en que admita los cargos formulados en su contra e incluso lo habría amenazado con incorporar nuevas acusaciones penales si rechazaba esa posibilidad.
Ante la falta de acciones por parte de su defensa, Marset asegura que su familia decidió acudir directamente a distintas instituciones federales de Estados Unidos para denunciar los hechos. En ese sentido, señala que se presentaron denuncias formales ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia (DOJ-OIG), la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia (DOJ-OPR) y otros organismos encargados de supervisar la actuación de las autoridades federales.
Además, el narcotraficante sostiene que intentó contratar nuevos abogados para asumir su defensa; sin embargo, afirma que agentes vinculados al caso habrían impedido que pudiera mantener contacto con los profesionales que pretendían representarlo.
En su carta, Marset solicita al juez federal que instruya al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos permitir el ingreso y las reuniones con sus nuevos abogados. Asimismo, pide que, en caso de ser trasladado a otra dependencia, se adopten medidas para evitar cualquier contacto con los agentes de la DEA a quienes acusa de haber cometido las presuntas irregularidades denunciadas. También solicita que el tribunal deje constancia de todas las denuncias planteadas para que sean consideradas dentro del proceso.
En la parte final del documento, el acusado reitera su inocencia y manifiesta que está dispuesto a defenderse durante el juicio, insistiendo en que únicamente busca contar con una representación legal adecuada y con un proceso judicial imparcial.
“No soy culpable de los cargos que se me imputan y estoy preparado para demostrarlo. Mi único deseo es tener acceso a una representación legal adecuada y a un proceso justo. Confío en la independencia e imparcialidad de este Tribunal para asegurar que mis derechos sean respetados”, concluye la carta.
