El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se pronunció este martes sobre el anuncio de un paro nacional de 24 horas realizado por el Órgano Judicial y afirmó que las medidas de presión, como los paros y bloqueos, forman parte de una forma de hacer política que debe quedar atrás. En ese sentido, sostuvo que las diferencias entre las instituciones del Estado deben resolverse mediante el diálogo y la concertación.
Las declaraciones del mandatario fueron realizadas durante un encuentro con periodistas en la ciudad de Asunción, donde fue consultado sobre la advertencia emitida por las máximas autoridades judiciales, que anunciaron la posibilidad de iniciar un paro escalonado si el Gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no atienden sus principales demandas.
Paz señaló que su administración prioriza el consenso y consideró que recurrir a medidas de presión representa una práctica que predominó en las últimas dos décadas y que, a su criterio, ya no responde a la realidad que necesita el país.
“Las amenazas de paro y de bloqueos son cosa del pasado; ese es el pensamiento de los últimos 20 años. La lógica del diálogo y la concertación representa la modernidad, eso es el siglo XXI”, manifestó el jefe de Estado.
El pronunciamiento presidencial surge después de que las autoridades del Órgano Judicial anunciaran un paro nacional de 24 horas como mecanismo de presión para exigir un incremento en el presupuesto destinado a la administración de justicia, además de la aprobación de varios proyectos de ley que permanecen pendientes de tratamiento en la Asamblea Legislativa.
Durante su intervención, el mandatario también señaló que su Gobierno trabaja en una agenda de transformaciones estructurales que abarca distintos ámbitos del Estado y que considera prioritarios para el desarrollo del país.
Según Paz, el Ejecutivo impulsa nuevas normas para fortalecer la economía y, de manera paralela, proyecta reformas en áreas fundamentales como la administración de justicia, la educación y el sistema de salud.
“Estamos planteando las nuevas normativas de la economía; hay que ir a la reforma de la Justicia, reforma de la Educación, reforma de la Salud. Tenemos muchos frentes para trabajar y ordenar la casa”, afirmó.
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, aclaró que la prioridad del Órgano Judicial continúa siendo el diálogo con el Gobierno y el Legislativo, aunque advirtió que existe un plazo para obtener respuestas concretas.
Saucedo informó que las autoridades judiciales otorgarán un período de 20 días para que el Ejecutivo y la Asamblea atiendan sus solicitudes. En caso de no registrarse avances durante ese tiempo, advirtió que se pondrá en marcha un paro nacional escalonado.
No obstante, insistió en que la intención inicial del Órgano Judicial no es recurrir a medidas de presión, sino abrir espacios de negociación que permitan encontrar soluciones a las demandas institucionales.
“Nosotros, primero hemos dicho, vamos a adoptar el diálogo. Nos tenemos que sentar con el presidente (Rodrigo Paz), su gabinete, la Asamblea Legislativa, porque hay unos paquetes de leyes (…) Si esto da resultado, no es necesario que lleguemos a medidas de presión, eso que quede bastante claro”, declaró Saucedo ante los medios de comunicación.
Entre las principales demandas del Órgano Judicial figura el incremento del presupuesto que recibe del Tesoro General de la Nación (TGN). Actualmente, el sistema judicial recibe una asignación equivalente al 0,35% del presupuesto nacional; sin embargo, las autoridades solicitan que ese porcentaje sea elevado hasta el 5%, argumentando que los recursos actuales son insuficientes para garantizar un funcionamiento adecuado de la administración de justicia.
Asimismo, exigen la aprobación inmediata de un paquete de proyectos de ley que consideran fundamentales para fortalecer el sistema judicial y mejorar las condiciones en las que desarrollan sus funciones jueces, vocales y personal jurisdiccional en todo el país.
