El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por los diputados Basilia Cruz Bernal y Rolando Santos Pacheco, de la bancada de Alianza Popular, contra varios artículos de la Ley 1740, normativa que regula el Estado de excepción en Bolivia. La decisión abre el análisis constitucional sobre diversas disposiciones que, según los legisladores, vulneran derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado y por tratados internacionales en materia de derechos humanos.
La determinación fue emitida mediante el Auto Constitucional 0314/2026, a través del cual el máximo tribunal constitucional resolvió dar curso a la demanda para evaluar la compatibilidad de los artículos impugnados con el ordenamiento jurídico vigente.
La acción fue presentada contra disposiciones específicas de la Ley 1740 que, de acuerdo con los accionantes, incorporan reglas que podrían afectar principios fundamentales como la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley, el debido proceso y el control judicial sobre las actuaciones realizadas por las autoridades durante la vigencia de un Estado de excepción.
En su resolución, el TCP determinó: “Admitir la acción de inconstitucionalidad abstracta, planteada por Basilia Cruz Bernal y Rolando Santos Pacheco, diputados titulares de la Asamblea Legislativa Plurinacional, demandando la inconstitucionalidad de los arts. 5 incs. f) e i), 6 incs. e) y f), 18, 25 y 26” de la Ley 1740.
Según el Auto Constitucional, los legisladores argumentaron que la norma fue aprobada en un contexto marcado por los prolongados bloqueos de carreteras y la conmoción interna que atravesó el país. No obstante, sostuvieron que ese escenario no justifica la incorporación de disposiciones que otorguen facultades extraordinarias a la fuerza pública o permitan restricciones y privaciones de libertad sin el correspondiente control de la autoridad judicial.
Los diputados consideran que algunos artículos de la ley podrían debilitar las garantías constitucionales al establecer presunciones a favor de las actuaciones de la administración pública durante un Estado de excepción. En particular, cuestionan el artículo 5, inciso f), que presume la legitimidad de los actos administrativos mientras no sean declarados contrarios a la ley, así como el inciso i), que establece una presunción de legalidad sobre las decisiones y actuaciones de la administración pública, aspectos que, a su criterio, podrían generar un desequilibrio en la protección de los derechos de los ciudadanos.
La admisión de esta acción constitucional se produce mientras Bolivia se encuentra bajo un Estado de excepción dispuesto por el Gobierno con el objetivo de restablecer la libre circulación en las carreteras del país, tras 53 días de bloqueos protagonizados por diferentes sectores sociales que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Entre los grupos movilizados se encontraban la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones afines al evismo y la Federación Túpac Katari del departamento de La Paz.
Como parte del procedimiento constitucional, el TCP dispuso poner la demanda en conocimiento del presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara, en representación del órgano que aprobó la norma impugnada. La autoridad legislativa contará con un plazo de 15 días para apersonarse al proceso y presentar los argumentos y alegatos que considere pertinentes en defensa de la constitucionalidad de la Ley 1740.
Con la admisión de esta acción, el Tribunal Constitucional inicia el análisis de fondo sobre una norma que actualmente tiene plena vigencia y cuya aplicación cobra especial relevancia en el contexto del Estado de excepción decretado por el Gobierno.
