La declaración informativa del exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, fue suspendida este jueves luego de que la exautoridad se presentara ante la Dirección Especializada de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) sin la presencia de su abogado defensor. Fernández debía prestar su testimonio dentro de la investigación por la presunta malversación de 66 millones de bolivianos que, según la denuncia, estaban destinados a la construcción de un viaducto en la doble vía a La Guardia y cuarto anillo.
El exburgomaestre llegó a las oficinas de la Delcc a bordo de un vehículo de color azul y, antes de ingresar, sostuvo un breve contacto con los medios de comunicación. Durante su intervención evitó referirse en profundidad a la investigación y aseguró que durante toda su administración municipal se realizaron controles permanentes sobre el manejo de los recursos públicos.
Fernández afirmó que en cada una de las gestiones que encabezó como alcalde se efectuaron auditorías tanto internas como externas, con el objetivo de fiscalizar la ejecución presupuestaria y el uso de los fondos municipales, dejando entrever que su administración estuvo sometida a mecanismos de control.
La investigación surge a raíz de una denuncia presentada por la actual administración municipal, que cuestiona el destino de un crédito de 66 millones de bolivianos obtenido para financiar la construcción de un viaducto en la intersección de la doble vía a La Guardia y el cuarto anillo, una obra que finalmente no fue ejecutada.
El actual alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, sostuvo que los recursos obtenidos mediante ese préstamo no fueron utilizados para el proyecto previsto y aseguró que el municipio continúa asumiendo la deuda sin contar con la infraestructura comprometida.
“(Fernández) sacó un crédito a nombre del municipio para construir un viaducto por Bs 66 millones y los malversó. En este momento, no hay la plata, no hay el viaducto, solo está la deuda”, afirmó Saavedra.
La autoridad municipal indicó que este no sería el único caso bajo investigación, ya que existen otros dos créditos contratados durante la gestión de Fernández que, en conjunto, superan los 190 millones de bolivianos y que también estarían siendo revisados por presuntas irregularidades en el manejo de esos recursos.
Según Saavedra, la finalidad de las investigaciones es establecer el destino del dinero correspondiente a esos financiamientos y determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales por el presunto uso indebido de recursos públicos.
