Dos de las personas que fueron procesadas durante el Gobierno de Evo Morales por el denominado caso Hotel Las Américas presentaron este lunes una denuncia formal ante la Fiscalía de Santa Cruz contra 153 personas, entre exministros, exfiscales, policías y otras autoridades que, según los denunciantes, tuvieron algún grado de participación en el operativo y posterior proceso judicial.
David Sejas, uno de los denunciantes, afirmó que la acción legal surge debido a que el Estado boliviano no habría cumplido las recomendaciones emitidas en 2022 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que estableció la responsabilidad del Estado por la vulneración de derechos de varias personas involucradas en el caso.
“Son más de 150 autoridades, están ministros, policías, exfiscales de la nación. Todos los que estuvieron y ejecutaron el caso Las Américas”, señaló Sejas en contacto con UNITEL.
La denuncia incluye a exautoridades de diferentes instituciones y niveles del Estado. Entre los nombres mencionados se encuentran el exvicepresidente David Choquehuanca; Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente Álvaro García Linera; los exfiscales generales del Estado Juan Lanchipa y Ramiro Guerrero; los exministros Juan Ramón Quintana y Carlos Romero; además de Betty Yañíquez, quien ejerció como jueza, fiscal de La Paz y diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre otras personas.
Sejas aclaró que en esta denuncia no fueron incluidos el expresidente Evo Morales ni el exvicepresidente Álvaro García Linera, debido a que, según explicó, ambos ya forman parte de un proceso ante la CIDH relacionado con los hechos investigados.
“Directamente ellos no están; ellos ya tienen un proceso en la CIDH”, manifestó el denunciante.
La denuncia presentada ante el Ministerio Público contempla una serie de presuntos delitos relacionados con los hechos ocurridos durante el operativo y las posteriores actuaciones judiciales. Entre los delitos señalados figuran asesinato, tentativa de homicidio, vejaciones y torturas, privación de libertad, lesiones gravísimas, graves y leves, resoluciones contrarias a la ley, amenazas y otros.
Sejas sostuvo además que durante el Gobierno de Luis Arce tampoco se habrían atendido de manera efectiva las recomendaciones establecidas por la CIDH. En ese sentido, cuestionó el papel que tuvo la Contraloría y afirmó que las acciones necesarias para reparar a las víctimas no fueron concretadas.
El denunciante también expresó dudas respecto a la voluntad del actual Gobierno de Rodrigo Paz para alcanzar un acuerdo que permita cumplir con las determinaciones del organismo internacional y garantizar la reparación a las personas afectadas.
En 2022, la CIDH concluyó que el Estado boliviano era responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial de Mario Tadic y otras personas afectadas por el caso Hotel Las Américas.
A partir de esa determinación, la comisión estableció cuatro recomendaciones principales para el Estado boliviano. La primera consiste en otorgar una reparación integral, que incluye una compensación económica para las personas afectadas. La segunda contempla la rehabilitación física y mental de las víctimas, siempre con su consentimiento.
La tercera recomendación establece la necesidad de iniciar o impulsar procesos penales contra quienes hubieran violentado los derechos de los demandantes. Finalmente, la CIDH pidió al Estado boliviano adoptar medidas destinadas a evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
El caso se remonta a la madrugada del 16 de abril de 2009, cuando un grupo de élite de la Policía Boliviana ingresó al Hotel Las Américas, ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en un operativo que derivó en un enfrentamiento armado.
Durante la intervención se registraron detonaciones en el cuarto piso del establecimiento y los efectivos irrumpieron en las habitaciones utilizando armas de fuego. Como consecuencia del operativo murieron el ciudadano irlandés Michael Dwyer y otras dos personas, mientras que Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron detenidos.
Posteriormente, la investigación impulsada por el Estado involucró a otros ciudadanos, entre ellos David Sejas y Juan Carlos Guedes, quienes fueron procesados y permanecieron privados de libertad en el marco de la investigación.
A más de una década de los hechos, el caso continúa generando acciones legales y reclamos de las personas que fueron procesadas. La nueva denuncia presentada ante la Fiscalía busca que se investigue a más de un centenar de exautoridades y funcionarios por su presunta participación en hechos que, según los denunciantes, derivaron en graves vulneraciones de derechos humanos.
La acción también vuelve a poner en discusión el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH y la obligación del Estado boliviano de establecer responsabilidades, reparar integralmente a las víctimas y adoptar mecanismos que garanticen que situaciones similares no vuelvan a producirse.
