El viceministro de Transparencia, Yamil García, denunció presuntas irregularidades en la adquisición de billetes conmemorativos por el Bicentenario de Bolivia, realizada durante la gestión del expresidente Luis Arce Catacora, cuyo costo habría superado los Bs 4,5 millones.
Según la autoridad, la operación fue dispuesta el 18 de abril de 2024, durante el gobierno de Arce, y contempló la adquisición de billetes conmemorativos destinados a celebrar los 200 años de independencia de Bolivia.
“El 18 de abril de 2024, durante la gestión del expresidente Luis Alberto Arce Catacora, se dispone la adquisición de billetes conmemorativos para el Bicentenario. Resulta que esta adquisición ha costado a todos los bolivianos más de Bs 4.589.271”, informó García.
Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos planteados por el Viceministerio de Transparencia está relacionado con la baja cantidad de billetes que habría logrado venderse. De acuerdo con los datos expuestos por García, menos del 4% de los ejemplares adquiridos fueron comercializados efectivamente.
“El resultado es que menos del 4% de estos billetes del Bicentenario han sido efectivamente vendidos”, remarcó la autoridad.
Ante esta situación, el Gobierno anunció que se investigará la participación de las exautoridades del Banco Central de Bolivia (BCB) que tuvieron algún grado de responsabilidad en la aprobación y ejecución de la contratación.
Entre las personas que serán consideradas dentro de la investigación se encuentra Roger Edwin Rojas Ullo, quien durante 2024 ejercía como presidente interino del Banco Central de Bolivia, además de los integrantes del directorio de la institución en ese periodo.
García explicó que, debido al monto de la operación, la contratación debía contar necesariamente con la aprobación del directorio del BCB. “En la gestión 2024 era presidente interino del Banco Central, así como todos los miembros del directorio, porque toda contratación, mucho más si es millonaria, debe pasar necesariamente por la aprobación del directorio”, sostuvo.
La denuncia busca establecer si existieron irregularidades en el proceso de adquisición, determinar quiénes participaron en la decisión y establecer eventuales responsabilidades por el uso de recursos públicos destinados a la compra de los billetes conmemorativos.
El viceministro adelantó que la acción penal fue planteada por la posible comisión de delitos como conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, además de otros ilícitos que pudieran ser identificados durante el desarrollo de las investigaciones.
“El día de hoy estamos procediendo con la formalización de esta denuncia, que tiene como finalidad no solamente iniciar el proceso y determinar responsabilidades, sino también proceder con la anotación de bienes que puedan permitir al Estado boliviano recuperar estos recursos”, señaló García.
