Tras el anuncio de la Confederación de Choferes de Bolivia de replegar la totalidad de sus vehículos el próximo lunes 28 de septiembre, el Gobierno aseguró este martes que más del 80% de las unidades del transporte público del país no se verá afectado directamente por la eliminación de la subvención al diésel.
A través de una publicación del Ministerio de la Presidencia, el Ejecutivo señaló que los datos sobre el parque automotor del transporte público muestran que solamente una parte de las unidades utiliza exclusivamente diésel como combustible.
“Los datos revelan que solamente dos de cada 10 vehículos funcionan exclusivamente con diésel”, señala la información difundida por la cartera de Estado.
De acuerdo con el informe oficial, en Bolivia existen 202.182 vehículos destinados al transporte público. De ese total, 39.880 unidades utilizan diésel, mientras que 67.815 funcionan con gasolina y otras 29.290 utilizan Gas Natural Vehicular (GNV).
Asimismo, el registro establece que 65.197 motorizados utilizan una combinación de GNV y gasolina, por lo que el Gobierno sostiene que una amplia mayoría del transporte público no depende exclusivamente del diésel.
En ese sentido, el Ministerio de la Presidencia afirmó que el 80,3% de los vehículos de transporte público no será afectado directamente por la eliminación de la subvención al diésel.
La información fue difundida en medio de la tensión generada entre el Gobierno y las organizaciones del transporte por la modificación del precio de los combustibles y el impacto que esta medida podría tener en los costos de operación y en las tarifas del servicio público.
REPLIEGUE NACIONAL DE VEHÍCULOS PARA EL 28 DE SEPTIEMBRE
Mientras el Gobierno difundía estos datos, la Confederación de Choferes de Bolivia realizó este martes un ampliado nacional en Santa Cruz, donde sus dirigentes determinaron que todos los sectores afiliados a la organización replegarán sus unidades el lunes 28 de septiembre.
La medida implica que los vehículos del transporte público no saldrán a prestar el servicio durante esa jornada, en rechazo al nuevo precio del diésel y ante la falta de acuerdos con el Gobierno respecto al impacto de la eliminación de la subvención.
La determinación fue asumida después de que los dirigentes del sector analizaran diferentes alternativas frente al incremento de los costos de operación y la posibilidad de modificar las tarifas del transporte público.
Un día antes del ampliado, Lucio Gómez, máximo dirigente de los choferes, había adelantado que la organización analizaría la posibilidad de aceptar un incremento del 45% en las tarifas. Sin embargo, sostuvo que, de acuerdo con los cálculos realizados por el sector, el ajuste que correspondería aplicar estaría entre el 50% y el 60%.
