Este sábado se desarrolló en Lauca Ñ el ampliado del sector evista, donde el expresidente Evo Morales anunció posibles movilizaciones si el Gobierno de Rodrigo Paz no deja sin efecto al menos dos decretos que considera de carácter neoliberal.
Durante el encuentro, Morales dio plazo al Ejecutivo para anular el decreto que elimina la subvención al diésel y la norma que establece como prioritaria la reorganización, disolución o liquidación de empresas públicas. Según anunció, si el Gobierno no atiende sus demandas, se iniciarían movilizaciones a partir del 13 de octubre.
Ante estas determinaciones, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, cuestionó las conclusiones del ampliado y sostuvo que, más allá de las consignas políticas, el encuentro debería exigir a Morales el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
“Ese ampliado debería pedirle a Evo que cumpla con la ley. Más allá de las consignas políticas y de los colores, deberían definir con claridad que cumpla la ley”, manifestó Justiniano.
El ministro también se refirió a la situación jurídica del expresidente, quien enfrenta procesos pendientes ante la justicia. En uno de ellos pesa una orden de aprehensión debido a que Morales no se presentó al inicio del juicio en el que es acusado por el delito de trata de personas.
El proceso está a cargo de la Fiscalía de Tarija, que investiga una denuncia relacionada con una presunta relación sentimental que Morales habría mantenido con una menor de edad cuando ejercía la Presidencia del Estado, además de la supuesta procreación de un hijo.
Justiniano señaló que las movilizaciones y reuniones políticas pueden desarrollarse dentro del marco permitido por la normativa, pero remarcó que las acciones de protesta deben respetar las disposiciones legales.
“Las protestas pacíficas están permitidas, los ampliados; lo que no está permitido es que no se cumpla con la ley”, afirmó el ministro.
De esta manera, el Gobierno cuestionó las advertencias realizadas durante el ampliado evista y ratificó su posición de que cualquier movilización anunciada por Morales debe desarrollarse dentro del marco legal, mientras el sector liderado por el expresidente mantiene su exigencia de revertir las medidas relacionadas con los combustibles y las empresas públicas.
