Cientos de camiones de transporte nacional e internacional se encuentran varados en ambos lados de la carretera Santa Cruz – Cochabamba, a la altura del ingreso a Campo Víbora, debido al bloqueo indefinido que hoy cumple su tercer día. Los comunarios de la zona exigen a la Cámara de Diputados la aprobación de un proyecto de ley que permita la construcción de una carretera que beneficiaría a la región.
Las imágenes capturadas muestran interminables filas de camiones que se extienden por varios kilómetros en ambos lados del bloqueo. Los transportistas, principalmente del sector pesado, han manifestado su preocupación por la falta de acceso a servicios básicos como baños y duchas, así como por la escasez de alimentos y agua potable.
Muchos de los conductores han agotado sus viáticos y se encuentran sin recursos para subsistir mientras dure la medida de presión. Ante esta situación, algunos han optado por instalar pequeñas trancas para pedir apoyo a los vehículos pequeños que circulan por la zona, mientras que otros han buscado alojamiento en comunidades cercanas como Puerto Abaroa, Nuevo Horizonte y San Germán.
Entre los vehículos varados en el tramo de Santa Cruz a Cochabamba se encuentran más de 15 cisternas con combustible, 10 de ellas provenientes de la planta de Sica Sica en Arica, Chile, y las 5 restantes desde la refinería de Palmasola con destino a La Paz. Esta situación podría generar problemas adicionales en la distribución de combustible si el bloqueo se prolonga.
La medida de presión fue iniciada por comunarios del municipio de Yapacaní, quienes exigen la construcción de una carretera de 31 kilómetros que beneficiaría a más de 85 comunidades dedicadas a la producción agrícola, ganadera, piscícola y petrolera. El proyecto, que tiene un costo total de 35 millones de dólares y sería financiado por la CAF, es visto como crucial para el desarrollo de la región.
Wilder García, secretario general de los Interculturales, advirtió que los comunarios no darán cuartos intermedios y que, de no aprobarse el proyecto de ley, tomarán medidas más drásticas como la toma de pozos petroleros e incluso el cierre de las válvulas de YPFB Yarará XI.
El bloqueo no solo afecta a los transportistas y a las comunidades locales, sino que también tiene un impacto significativo en la economía y en la distribución de bienes esenciales. La falta de alimentos, agua potable y otros suministros básicos ha generado una situación desesperada entre los conductores varados.
La comunidad espera una pronta resolución del conflicto y la aprobación del proyecto de ley, lo cual permitiría reanudar el tránsito y aliviar las tensiones. Mientras tanto, la situación sigue siendo crítica y la presión sobre las autoridades aumenta con cada día que pasa.
