El encarcelado gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, atribuyó al gobierno de Luis Arce la nueva imputación fiscal presentada en su contra y afirmó que en ocho ocasiones le ofrecieron libertad a cambio de negociación. En un comunicado a través de sus redes sociales, Camacho expresó que esta nueva imputación es un intento más del gobierno para perseguirlo políticamente en un juicio que, según él, no tiene fundamento.
La fiscal Yolanda Aguilera presentó la imputación formal contra Camacho y Gina María Talavera, notaria de Gobierno de la administración departamental, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica. El caso investiga la supuesta falsificación de la firma de Camacho para un poder otorgado en la Notaría de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz.
En la imputación, suscrita el 1 de agosto, la fiscal solicitó la medida excepcional de detención preventiva por 90 días para ambos imputados, citando riesgos procesales de obstaculización de la investigación y peligro de fuga. Sin embargo, Camacho ya se encuentra detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro (La Paz), acusado de una serie de delitos.
Camacho respondió a esta imputación señalando que las dictaduras, cuando se acercan a su fin, se vuelven más violentas y que el gobierno de Arce está en su etapa final, ahogado en corrupción y descontrol. Afirmó que el gobierno ha perdido toda moralidad y es una vergüenza tanto para los bolivianos como para la comunidad internacional.
Recordó que desde que decidió “enfrentar el fraude en 2019”, estaba consciente de que pagaría un alto precio por defender la democracia, incluyendo la posibilidad de ser encarcelado. Camacho aseguró que hay un ensañamiento en su contra por representar a Santa Cruz, una región que considera el motor de la economía y un bastión de resistencia democrática.
A pesar de las adversidades, Camacho enfatizó que no huyó del país y no tiene intención de hacerlo, incluso si enfrenta un destino duro. Denunció que el régimen de Arce sigue intentando doblegarlo, pero aseguró que no lo conseguirán, ni encerrándolo las 24 horas del día en su celda, ni cortándole el acceso al agua, ni negándole visitas de representantes de fundaciones internacionales de derechos humanos.
Camacho afirmó que ha rechazado ocho ofertas de libertad a cambio de negociación, incluso habiendo recibido propuestas directamente en su celda. Sostuvo que no transará con las dictaduras y que la libertad de un preso político no depende de una justicia vendida, sino de la resistencia del pueblo contra el poder autoritario. Concluyó subrayando su compromiso con la causa democrática y su decisión de no venderse ni pactar con sus carceleros.
