El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes la incautación de un avión perteneciente al presidente venezolano Nicolás Maduro, que se encontraba en República Dominicana y fue trasladado a Florida. Según las autoridades estadounidenses, la aeronave fue adquirida en violación de las sanciones impuestas por Washington a Venezuela y a sus principales figuras políticas.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, emitió un comunicado en el que detalló las circunstancias de la incautación. “El Departamento de Justicia incautó una aeronave que fue adquirida ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y fue sacada de contrabando de Estados Unidos para uso de Nicolás Maduro y sus compinches”, declaró Garland. Este jet privado, un Dassault Falcon 900EX, fue rastreado por el portal de seguimiento de aeronaves Flight Radar 24, que mostró su vuelo desde Santo Domingo hacia Fort Lauderdale el lunes por la mañana.
La incautación del avión se produce en un contexto de aguda crisis política en Venezuela. Las tensiones se han incrementado desde las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador para un tercer mandato de seis años. Sin embargo, la oposición venezolana sostiene que ganó por una mayoría aplastante y afirma tener las actas de votación que respaldan su victoria.
El gobierno de Maduro, acusado de autoritarismo por sus críticos, ha rechazado estas acusaciones y aún no ha publicado un recuento detallado de los votos que legitime su triunfo, a pesar de la presión internacional. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos condenó las acciones de Maduro, afirmando que “Maduro y sus representantes han manipulado los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, han proclamado falsamente victoria y han llevado a cabo una represión generalizada para mantener el poder por la fuerza”.
La incautación del avión es vista por Washington como un paso significativo para hacer que Maduro enfrente las consecuencias de lo que denominan su “desgobierno” en Venezuela. Esta acción se enmarca dentro de un conjunto más amplio de sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos que se han negado a reconocer a Maduro como el legítimo vencedor de las elecciones hasta que se publiquen los resultados completos.
