La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, condenó enérgicamente el uso indiscriminado de dinamitas por parte de los bloqueadores afines a Evo Morales, quienes han estado realizando bloqueos durante 19 días. A través de sus redes sociales, Alcón expresó su preocupación por la seguridad del personal policial y de los trabajadores de la prensa, citando específicamente el caso del fotoperiodista Jorge Ábrego, quien resultó herido por segunda vez durante la cobertura de los desbloqueos.
La situación se intensificó la mañana de este viernes, cuando los seguidores de Morales se enfrentaron a las fuerzas policiales y militares que intentaban liberar las rutas en el departamento de Cochabamba. La explosión de dinamita no solo dejó heridos entre las fuerzas del orden, sino que también afectó a Ábrego, quien fue alcanzado por la onda expansiva durante el operativo en Parotani. La viceministra comunicó que el Gobierno gestionó su atención médica de forma urgente.
Ábrego fue evacuado de emergencia en una ambulancia de la Policía, junto a varios uniformados heridos, y trasladado al Hospital Obrero No. 2 de la Caja Nacional de Salud en Cochabamba. En el transcurso de estos 19 días de bloqueos, al menos cuatro periodistas han sufrido agresiones por parte de grupos radicales afines a Morales, y más de 60 policías han resultado heridos, un hecho que el Gobierno también recordó.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), junto a las asociaciones departamentales de periodistas, se unió al repudio de la escalada de violencia en los puntos de bloqueo. En un pronunciamiento, expresaron su solidaridad con Ábrego, quien es también secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba. La ANPB denunció la violencia premeditada contra los trabajadores de la prensa y advirtió que los bloqueadores están armados con bombas molotov, piedras y dinamitas, lo que representa un grave riesgo para la integridad de los periodistas y la población civil cercana.
El pronunciamiento concluyó con un llamado a las autoridades para que refuercen la protección de los periodistas en las zonas de conflicto. Además, exigieron un acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y una investigación por parte del Ministerio Público para sancionar a los responsables de los ataques. En medio de un clima de tensión y confrontación, el papel de la prensa se torna crucial, y su protección se convierte en una prioridad para garantizar el derecho a la información en contextos de conflicto social.
