El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia aprobó este miércoles la extradición de Maximiliano Dávila, quien fuera el último director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019). La resolución emitida por la Sala Plena del TSJ dispone la detención preventiva del exfuncionario con fines de extradición, un paso clave para su envío a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por tráfico ilícito de drogas y delitos relacionados con armas de fuego.
Dávila ocupó la dirección de la FELCN entre 2018 y 2019. Tras la renuncia de Morales en noviembre de 2019, dejó el cargo, pero continuó vinculado a la Policía Nacional hasta 2021. Durante ese período, se desempeñó como comandante departamental de la Policía en Cochabamba bajo el mandato del presidente Luis Arce.
Su situación judicial se complicó en enero de 2022, cuando fue detenido en Villazón, Potosí, mientras intentaba cruzar la frontera hacia Argentina. Las autoridades lo capturaron inicialmente bajo sospecha de legitimación de ganancias ilícitas y, posteriormente, se le vinculó con operaciones de tráfico de cocaína.
La extradición de Dávila fue solicitada formalmente en octubre de 2024 por el gobierno de Estados Unidos, que lo señala como figura clave de una red internacional de narcotráfico. Según las acusaciones, esta red refinaba cocaína en Bolivia con insumos provenientes de países vecinos y la exportaba a mercados como el estadounidense.
El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en el marco del tratado bilateral de extradición entre Bolivia y Estados Unidos, envió el exhorto suplicatorio, que fue validado oficialmente por las autoridades bolivianas en la resolución del TSJ.
Desde su aprehensión en 2022, Dávila ha permanecido en prisión preventiva. En agosto de 2024, el TSJ ordenó su detención preventiva con fines de extradición, medida que fue ratificada esta semana.
El presidente del TSJ, Marco Jaimes, explicó que la solicitud estadounidense siguió los procedimientos establecidos y destacó la importancia de respetar los acuerdos internacionales en la lucha contra el narcotráfico.
Por su parte, la defensa de Dávila, liderada por el abogado Manolo Rojas, ha criticado duramente el proceso, argumentando que la detención preventiva y la orden de extradición vulneran los derechos de su cliente. Rojas ha solicitado la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando que aún no existe una orden formal de extradición emitida por las autoridades correspondientes.
