El gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, denunció que al menos 40 predios agropecuarios han sido avasallados en distintas regiones del país, poniendo en riesgo la seguridad jurídica de los productores y la estabilidad del sector agroindustrial. Destacó que los recientes casos en las propiedades Santa Rita y San Fernando no son hechos aislados, sino parte de un problema sistemático que requiere acciones contundentes contra los responsables.
Hernández señaló que, según información proporcionada por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), los predios invadidos están en diferentes etapas del conflicto, pero todos reflejan la falta de respeto a la propiedad privada.
“Entendemos que son más de 40 predios que están avasallados en diferentes estados de situación”, afirmó.
Los recientes incidentes, ocurridos en el norte cruceño, generan mayor preocupación en el sector, especialmente considerando que se aproxima la siembra de verano, esencial para garantizar la producción de soya, maíz y sorgo, cultivos clave para el mercado interno.
El caso de la hacienda Santa Rita logró avanzar gracias a la intervención policial, permitiendo a los propietarios retomar sus labores productivas. Sin embargo, persiste el malestar porque no se ha detenido a los responsables de la ocupación ilegal. Por su parte, el predio San Fernando continúa bajo la amenaza de grupos organizados que actúan con impunidad.
Hernández enfatizó que se necesita identificar y procesar no solo a los autores materiales, sino también a los cabecillas y financiadores de estas acciones ilícitas que vulneran el estado de derecho.
“Esperamos que se pueda dar con quienes son los cabecillas y los financiadores, para que de una vez se los detenga y sancione como corresponde”, manifestó.
El gerente de Anapo recordó que existen órdenes de aprehensión y personas plenamente identificadas, pero falta una respuesta firme de las autoridades para frenar este tipo de delitos. Reclamó mayor rigurosidad por parte de la Policía Nacional y los organismos de justicia para evitar que los avasallamientos se conviertan en una práctica recurrente.
“Son personas que no respetan ni las normas, ni las leyes, y ni siquiera han respetado a los efectivos policiales”, subrayó.
Hernández concluyó señalando que es urgente desarticular estos grupos organizados que generan incertidumbre y temor entre los productores, quienes desempeñan un rol fundamental en la provisión de alimentos para el país.
