El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, aseguró que el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de declarar un estado de excepción para enfrentar los conflictos que atraviesa el país; sin embargo, aclaró que esa medida no será aplicada de manera apresurada, ya que el Ejecutivo busca evitar los errores cometidos en anteriores crisis nacionales.
Durante una entrevista concedida al programa *Otra Noche con Sissi Áñez*, de EL DEBER, la autoridad explicó que la prioridad del Gobierno continúa siendo la búsqueda de soluciones mediante el diálogo y la preservación de la estabilidad institucional, aunque reconoció que la Constitución contempla mecanismos extraordinarios que podrían activarse si la situación así lo exige.
“No vamos a caer en los errores del pasado, pero, si hace falta, lo vamos a declarar (el estado de excepción)”, afirmó Espinoza al referirse a las alternativas que analiza el Ejecutivo frente a los conflictos y bloqueos que afectan al país.
Según el ministro, detrás de algunas movilizaciones existirían sectores que buscan provocar escenarios de confrontación y violencia con fines políticos. En ese sentido, señaló que tanto actores de la denominada vieja clase política como organizaciones a las que calificó de “narcoterroristas” tendrían interés en generar un clima de enfrentamiento que justifique posteriores acciones de presión contra el Gobierno.
Para Espinoza, la violencia es precisamente el escenario que ciertos grupos intentan provocar debido a las consecuencias políticas que pueden derivarse de hechos trágicos.
“Lo que ha buscado una parte de la vieja clase política, incluido también esta organización narcoterrorista, era llegar a la violencia. ¿Por qué? Porque con la violencia se justifican todas las medidas que han tomado con los muertos. A los muertos se los utiliza de escalera, se los utiliza de bandera y en un estado de excepción siempre hay posibilidad de que eso exista”, manifestó.
El titular de Economía sostuvo que, por ahora, la estrategia gubernamental está enfocada en el diálogo y en la diferenciación entre los sectores que presentan demandas legítimas y aquellos que, según indicó, tienen la intención de desestabilizar el orden democrático.
“Hemos discernido, hemos separado a quienes están con reclamos válidos y a quienes quieren boicotear el orden institucional. Los estamos identificando, estamos procediendo con las detenciones y también estamos trabajando en plantear las condiciones necesarias para que, si fuera necesario, declaremos el estado de excepción en las mejores condiciones posibles”, señaló.
Espinoza recordó además antecedentes históricos vinculados a la aplicación de estados de excepción en Bolivia y argumentó que esas experiencias dejaron resultados negativos que el actual Gobierno no pretende repetir.
Como ejemplo, mencionó la intervención realizada en Pando durante 2008, en el gobierno de Evo Morales, así como los conflictos registrados durante la denominada “guerra del agua” a principios de siglo.
“La última vez que se hizo esto fue en 2008 con Evo Morales en Pando. Terminó en una matanza. Antes de eso tuvimos un estado de excepción a principios de este siglo, hubo 175 heridos, más de 170 detenidos y al final del día ese estado de excepción fracasó rotundamente. La guerra por el agua terminó siendo perdida por todos los bolivianos”, afirmó.
La autoridad insistió en que el Gobierno no tiene intención de repetir medidas que en el pasado derivaron en violencia y confrontación social. No obstante, señaló que se trabaja en la preparación de todos los mecanismos legales y constitucionales necesarios para actuar en caso de que la situación se agrave.
“Estamos preparando las condiciones para aplicar las medidas que otorga la Constitución, pero seguimos trabajando en distintos frentes para que, de nuevo, no caigamos en lo que están buscando los violentos, los terroristas. Buscan un estado de violencia en el cual nosotros no pretendemos ceder”, puntualizó.
