La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Silvana Mucarzel, presentó la tarde de este lunes 16 de diciembre una denuncia penal contra el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, por los delitos de acoso político y violencia que, según afirmó, habrían sido ejercidos en su contra.
A su salida del Ministerio Público de Santa Cruz, Mucarzel rechazó los ataques del parlamentario y defendió su postura con contundencia: “Aquí se va a tener que tragar sus propias palabras, no es nomás levantar la mano y con argumentos falsos querer desprestigiarme. No es nomás hablar cosas falsas por tener la boca grande”, expresó.
La denuncia fue formalizada con el respaldo legal de su abogado, Arturo Heredia, quien solicitó al fiscal departamental, Alberto Zeballos, que brinde las garantías necesarias a su defendida, argumentando que se trata de un caso de violencia ejercida contra una mujer en el ejercicio de sus funciones públicas.
Heredia sostuvo que existe una aparente intención política desde el MAS y el Ejecutivo de la Alcaldía para remover a Mucarzel del cargo de presidenta del Concejo Municipal. Según explicó, esto ocurre debido a que Mucarzel:
- Se opuso al incremento del pasaje urbano, defendiendo los intereses de la ciudadanía.
- Se sumó a la denuncia contra el exsecretario de Administración Tributaria (SAT), Mario Centellas, quien habría sido acusado por manipulación informática para beneficiar a un contribuyente con una deuda reducida de Bs 3.331.720 a Bs 64.629.
Heredia aseguró que estos actos han generado malestar en sectores del Ejecutivo municipal, lo que habría motivado los ataques de Rolando Cuéllar, a quien calificó como un «servil». El abogado fue enfático al declarar: “Todas estas cosas son un estorbo para el Ejecutivo y por eso mandó a este señor (Rolando), que es su servil, para desprestigiarla, a denunciarla y amenazarla con la única finalidad de que renuncie al cargo. Eso no lo va a hacer”.
Además, recordó que los delitos por los cuales se denunció a Cuéllar tienen penas que oscilan entre tres y ocho años de prisión y advirtió que el diputado no puede usar sus prerrogativas para justificar o encubrir actos de acoso y violencia. “La prerrogativa no le permite a un diputado denigrar la imagen de una persona, electa y sobre todo mujer”, agregó Heredia.
Poco después de la denuncia presentada por Mucarzel, el diputado Rolando Cuéllar, acompañado de su abogado, presentó una contrademanda penal contra la presidenta del Concejo Municipal. Los delitos señalados por Cuéllar incluyen:
- Incumplimiento de deberes
- Contratos lesivos al Estado
- Conducta antieconómica
- Malversación de fondos y uso indebido de influencias
Cuéllar se refirió a un presunto sobreprecio en la adquisición de computadoras portátiles por parte del Concejo Municipal, que según él habrían costado Bs 6.291 cada una, cuando el precio real sería Bs 4.359, lo que representaría un supuesto sobreprecio de más de Bs 73.000.
El legislador oficialista solicitó medidas inmediatas: “Una vez la Fiscalía admita la demanda penal vamos a pedir la aprehensión de la presidenta del Concejo. Cuando se admita se debe elegir a la nueva presidenta del Concejo. No vamos a permitir corrupción”.
En respuesta a las acusaciones de Cuéllar, el abogado Arturo Heredia aclaró que el presunto sobreprecio denunciado corresponde a la gestión anterior de la concejal Gabriela Garzón, representante de UCS, desvinculando así a su defendida del caso.
