El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC), Óscar Mario Justiniano, instó este miércoles a los asambleístas del país a abordar la problemática de la escasez de carburantes desde una perspectiva estructural, planteando como prioridad la eliminación del estatus de «sustancia controlada» para los combustibles, en especial el diésel.
En una conferencia de prensa, Justiniano subrayó la importancia del diésel para diversos sectores productivos y económicos, y denunció que la normativa vigente representa un obstáculo significativo para su importación y comercialización.
“El diésel es esencial para la población y la producción en Bolivia. A pesar de que hemos logrado la emisión de tres decretos recientemente, esto no es suficiente. El problema de las sustancias controladas afecta a todas las empresas que desean importar y comercializar combustible, generando una burocracia excesiva que retrasa y encarece el acceso al diésel”, sostuvo el dirigente empresarial.
Justiniano también responsabilizó a los conflictos políticos por agravar la crisis del combustible, señalando que los enfrentamientos entre sectores de poder terminan afectando la economía de los ciudadanos.
“Las peleas políticas están afectando directamente el bolsillo de los bolivianos, quienes sufren las consecuencias de la escasez. Es por ello que la modificación de la ley que clasifica el diésel como sustancia controlada debe ser una prioridad nacional. Solo así se podrá reducir la burocracia en la importación, transporte y comercialización de este combustible”, manifestó.
Asimismo, rechazó de manera enfática las recientes declaraciones del ministro de Defensa, Edmundo Novillo, quien acusó a los empresarios del oriente de querer apropiarse del negocio de los hidrocarburos para debilitar a YPFB.
“El ministro debería enfocarse en combatir el contrabando con el apoyo del Ejército y en coordinar con la Aduana para reforzar los controles. El contrabando no lo generan los productores, sino la falta de control estatal”, enfatizó Justiniano.
El diésel y la gasolina han sido catalogados como sustancias controladas desde la promulgación de la Ley N° 1008 en 1988, normativa que fue modificada en 2017 con la Ley N° 906 durante el gobierno de Evo Morales.
Adicionalmente, varios decretos regulan la comercialización de estos combustibles:
- DS N° 28511: Modifica el artículo 8 del DS N° 28118, estableciendo regulaciones en la venta de diésel y gasolina.
- DS N° 4910: Fortalece los mecanismos de control y fiscalización en la comercialización de combustibles.
- DS N° 29158: Define sanciones y controles a la distribución, transporte y comercialización ilícita de Gas Licuado de Petróleo (GLP), diésel y gasolinas en Bolivia.
Consultado sobre la propuesta de YPFB de permitir la importación de diésel a precio internacional, con un costo de Bs 11,50 por litro, Justiniano advirtió sobre el impacto negativo que esta medida podría generar en la producción agrícola, minera y pecuaria.
“El incremento del costo del diésel afecta directamente la rentabilidad de sectores clave como la soya, la minería y la ganadería. Cuando los pequeños productores ya han invertido tiempo y dinero en sus cultivos, se enfrentan a situaciones críticas como la falta de combustible en el momento de la cosecha. En ese contexto, es probable que muchos opten por adquirir diésel bajo esta alternativa propuesta por YPFB”, explicó.
Finalmente, el presidente de la FEPSC reiteró la necesidad de una solución de fondo que garantice la provisión de diésel sin trabas burocráticas ni incertidumbre para los sectores productivos del país.
