La crisis por el manejo de residuos sólidos en Cochabamba alcanzó un punto crítico este lunes, con el estallido de violentos enfrentamientos que dejaron un saldo de al menos 22 personas heridas, entre ellas dos en estado de gravedad, además de múltiples arrestos y denuncias por agresiones físicas y psicológicas. La mayoría de los afectados son funcionarios de la Intendencia Municipal y de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Cochabamba, quienes habrían sido atacados mientras intentaban cumplir funciones en medio del conflicto.
El director del Hospital del Sur, Fernando Encinas, confirmó a medios locales que entre los heridos se encuentran un hombre y una mujer con lesiones de alta complejidad, lo que motivó su traslado urgente al Hospital Viedma, donde se evalúa la magnitud del daño sufrido.
El origen del conflicto radica en la oposición de ciertos sectores sociales al traslado de basura desde la ciudad de Cochabamba hacia el relleno sanitario ubicado en Colcapirhua. Mientras un grupo se resiste al ingreso de los camiones recolectores, otro sector los defiende, generando así un ambiente de confrontación constante en las zonas de paso. La avenida Blanco Galindo, una de las principales vías de acceso, se convirtió este lunes en un escenario de alta tensión cuando un grupo de manifestantes interceptó a cinco mujeres, a quienes acusaron de ser funcionarias del municipio de Cercado.
De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales y relatos de testigos, las mujeres fueron agredidas físicamente y sometidas a humillaciones públicas, como el corte forzado de su cabello. Entre las víctimas se identificó a Tatiana Herrera, directora de Género Generacional de la Alcaldía, quien habría sido interceptada mientras transitaba por la zona.
La situación escaló aún más con amenazas por parte de los manifestantes de incendiar los vehículos recolectores de basura, provocando alarma entre los vecinos del área y poniendo en alerta a las autoridades municipales, que temen que la violencia se desborde aún más.
Como si no fuera suficiente, un equipo de prensa que se encontraba cubriendo los hechos en el lugar también fue víctima de agresiones. Durante la cobertura, los periodistas fueron intimidados y, según el reporte, los atacantes incluso lanzaron un cachorro de dinamita que, afortunadamente, no llegó a explotar, pero evidenció el nivel de peligrosidad que alcanzó la protesta.
La situación ha generado gran preocupación tanto a nivel local como nacional, pues pone en evidencia una crisis ambiental, social y de seguridad que demanda una intervención urgente de las autoridades departamentales y del Gobierno central. Las agresiones, especialmente contra mujeres y trabajadores de prensa, han sido repudiadas por diversas organizaciones que exigen el restablecimiento del orden, el respeto a los derechos humanos y una solución definitiva a la problemática del tratamiento de residuos en el eje metropolitano.
