Un grave atentado contra la libertad de prensa se registró el pasado viernes 23 de mayo en la ciudad fronteriza de Desaguadero, a 117 kilómetros al oeste de La Paz, cuando una periodista y un camarógrafo del portal digital Urgente.bo fueron interceptados, amenazados y agredidos por un grupo de comerciantes presuntamente vinculados al contrabando.
De acuerdo con la denuncia del medio, al menos 12 personas —en su mayoría hombres con acento peruano— abordaron al equipo de prensa mientras realizaba una cobertura sobre el comercio informal en la zona, una actividad que ha crecido notablemente por la diferencia cambiaria entre el boliviano y el sol peruano. La periodista y el camarógrafo estaban debidamente identificados con sus credenciales de prensa cuando fueron rodeados y obligados a borrar todo el material audiovisual que habían capturado.
“Los meteremos al agua si no borran las imágenes”, gritó uno de los agresores, según relató el equipo. Los atacantes también intentaron arrebatarles los equipos de trabajo, logrando eliminar archivos de forma forzada bajo amenaza de arrojarlos al río Desaguadero. La situación se tornó aún más violenta cuando los periodistas, entre empujones e insultos, se vieron obligados a abandonar el lugar para salvaguardar su integridad.
Una de las acusaciones más alarmantes recae sobre la supuesta inacción de al menos diez soldados bolivianos que se encontraban en el sitio durante la agresión. Según Urgente.bo, los uniformados no intervinieron en defensa del equipo periodístico, y uno de ellos incluso habría grabado la escena con su celular, sin brindar asistencia a los comunicadores agredidos.
“El hecho constituye un atentado directo contra la libertad de prensa y la seguridad de los trabajadores de los medios”, denunció el medio en un comunicado oficial. La agresión ha generado preocupación por el creciente nivel de hostilidad contra periodistas en zonas fronterizas, especialmente aquellas marcadas por actividades ilícitas como el contrabando.
Hasta el momento, ninguna autoridad militar ni policial se ha pronunciado oficialmente sobre el hecho, pese a la gravedad de lo ocurrido y la evidencia pública. Mientras tanto, el Gobierno sostiene que continúa con operativos para frenar el contrabando en zonas limítrofes, aunque las denuncias sobre la salida ilegal de alimentos y combustibles desde Bolivia hacia Perú siguen siendo frecuentes.
