La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) anunció una de las recompensas más altas de su historia para capturar a líderes del gobierno venezolano vinculados al narcotráfico. Según el comunicado oficial, se ofrece hasta 25 millones de dólares por información que lleve a la captura del presidente Nicolás Maduro y del dirigente chavista Diosdado Cabello, mientras que para el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, la recompensa asciende a 15 millones de dólares.
La decisión llega pocos días después de que el gobierno estadounidense incluyera al denominado “Cártel de los Soles” en la lista de organizaciones terroristas globales, medida que, según el Departamento de Estado, permitirá a Estados Unidos usar “todos los recursos disponibles para impedir que Maduro siga beneficiándose de la destrucción de vidas estadounidenses y desestabilizando el hemisferio”. De acuerdo con Washington, este cartel opera desde el interior de Venezuela y mantiene vínculos con poderosas redes criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.
En este contexto, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), con sede en Florida, hizo pública una carta dirigida al presidente Donald Trump. En ella, solicitaron no solo la captura de Maduro y Cabello, sino también de otros 400 funcionarios venezolanos supuestamente implicados en actividades delictivas, incluyendo cargos de terrorismo y narcotráfico. “El Departamento de Justicia debe ir tras los más de 400 oficiales venezolanos metidos en el cartel, empezando por Maduro y Diosdado Cabello”, afirmó José Antonio Colina, presidente de VEPPEX.
La organización de exiliados también urgió a que se impulsen operaciones de inteligencia coordinadas entre agencias estadounidenses, como la DEA, y aliados internacionales, con el fin de capturar a los cabecillas del cartel. Además, pidió el congelamiento de todos los activos del régimen y que Washington presione a Europa y América Latina para que también declaren al Cártel de los Soles como organización terrorista, aislando por completo a sus miembros.
Si bien celebraron la decisión del Departamento de Estado, los exiliados solicitaron que se adopten más medidas de protección para los venezolanos en Estados Unidos. Entre ellas, exigieron la ampliación del Estatus de Protección Temporal (TPS), luego de que la Corte Suprema autorizara en mayo a la administración Trump la posibilidad de revocar este beneficio, que ampara actualmente a más de 300.000 venezolanos.
Con estas nuevas acciones, Estados Unidos endurece su postura contra el gobierno de Maduro, buscando cercar a sus principales figuras bajo cargos de narcotráfico, terrorismo y colaboración con redes criminales internacionales.
