Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) negó de manera categórica las acusaciones por presunto contrabando de exportación agravado que derivaron en una orden de aprehensión contra su presidente, Armin Dorgathen, y aseguró que todas sus operaciones se realizan bajo el marco legal vigente y con la debida autorización de las autoridades competentes.
Durante una conferencia de prensa, Óscar Claros, gerente de Contratos de Exportación de Gas Natural de la estatal petrolera, afirmó que las exportaciones de gas natural se llevan adelante con la supervisión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y en cumplimiento estricto de la normativa boliviana.
“Todas nuestras operaciones de exportación son legales, por lo tanto no existe ningún tipo de contrabando en las mismas, no existe ningún tipo de daño económico que se pudiera generar a través de las mismas y, por ende, no existe ningún delito”, declaró Claros, rechazando las acusaciones que motivaron la medida judicial contra Dorgathen.
La orden de aprehensión fue emitida por el fiscal de Yacuiba, Yeison Plata, luego de una denuncia presentada por un supuesto funcionario de la Aduana Nacional, quien observó una exportación de gas presuntamente realizada sin la resolución de autorización correspondiente, hecho que habría vulnerado los procedimientos establecidos.
Por su parte, el director de la ANH, Joel Callaú, explicó que la entidad tiene la competencia de supervisar toda la cadena de hidrocarburos en el país y que las autorizaciones se conceden únicamente cuando se cumplen todos los requisitos técnicos y legales exigidos.
Claros reiteró que no existe contrabando ni daño económico alguno, detallando que las exportaciones de gas natural se efectúan a través de ductos hacia Argentina y Brasil, bajo contratos de compra-venta debidamente firmados y registrados.
Respecto al contrato observado, el ejecutivo informó que YPFB recibió aproximadamente 14,4 millones de dólares por los volúmenes entregados a un cliente extranjero, operación que —según sostuvo— se realizó bajo un contrato “totalmente legal” y con pagos efectuados directamente a las cuentas de la empresa estatal administradas por el Banco Central de Bolivia.
“Entonces, no hay ningún espacio para especular que estos montos pudieran haberse desviado para otros fines. Son recursos facturados que ingresan a nuestras cuentas como en cualquier otra operación de exportación”, subrayó Claros, quien también aclaró que Armin Dorgathen se encuentra en territorio nacional y continúa desempeñando sus funciones como presidente de YPFB.
