El director Municipal de Educación de Santa Cruz de la Sierra, Raúl Ascarrunz, aseguró que la entrega del desayuno escolar para los estudiantes de las unidades educativas fiscales y de convenio está plenamente garantizada a partir del 2 de febrero, fecha prevista para el inicio de la distribución de la alimentación complementaria escolar en la capital cruceña.
Ascarrunz explicó que el proceso de contratación para la provisión de los alimentos se realiza cada año bajo un procedimiento regular de licitación, el cual se inicia con anticipación, generalmente en el mes de noviembre de la gestión anterior. Este proceso se desarrolla conforme a los pasos establecidos en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), que regula las adquisiciones públicas en el país.
“Es un proceso de licitación que se hace todos los años de manera recurrente. Inicia en noviembre del año anterior y luego se siguen los pasos procesales tal como establece el Sicoes. Las empresas deben cumplir un curso regular del proceso y, una vez que concluyen, se procede a la adjudicación”, explicó la autoridad municipal durante su participación en el programa ON – Otra Noche con Sissi, de EL DEBER, la noche de este lunes.
El director Municipal de Educación también precisó que, hasta el momento, el 60% del proceso de adjudicación para la alimentación complementaria escolar ya se encuentra garantizado. En relación al 40% restante, señaló que no fue adjudicado debido a errores cometidos por algunas empresas en la presentación de su documentación, aunque aclaró que esta situación no afectará el inicio de la entrega del desayuno escolar.
“Tenemos garantizado el 60%. Hay un 40% que, por errores en la presentación de documentos por parte de las empresas, no ha sido adjudicado; sin embargo, de ninguna manera esto va a influir en que el 2 de febrero no estemos entregando la alimentación complementaria escolar”, remarcó Ascarrunz.
Asimismo, indicó que ese porcentaje pendiente será completado posteriormente, ya que su provisión está respaldada por una normativa legal que garantiza la continuidad del programa de alimentación escolar.
