La Confederación de Choferes de Bolivia expresó su preocupación y molestia ante el incumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades respecto al resarcimiento de los daños ocasionados en los motores de vehículos, los cuales —según el sector— fueron afectados por la mala calidad de la gasolina distribuida en el país.
El ejecutivo del sector, Lucio Gómez, manifestó que existe un acuerdo previo con instancias gubernamentales para compensar a los transportistas perjudicados; sin embargo, denunció que este compromiso no se está cumpliendo en su totalidad. “Hay un compromiso con los ministerios correspondientes, donde se ha arribado a un acuerdo para resarcir los daños, pero hasta ahora no se está cumpliendo en su totalidad”, sostuvo.
Por su parte, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que el proceso de registro de solicitudes para acceder a la compensación se encuentra habilitado mediante la aplicación WhatsApp hasta el 15 de abril. Asimismo, indicó que la atención presencial en ventanillas, destinada a casos especiales, se extenderá hasta el 30 del mismo mes.
No obstante, desde el sector del transporte rechazan estos plazos. Gómez enfatizó que “no hay plazos” cuando se trata de resarcir daños económicos a los choferes y advirtió que no permitirán que el proceso concluya en la fecha establecida si aún existen afectados sin respuesta.
El dirigente también hizo hincapié en la necesidad de garantizar la calidad del combustible que se comercializa en el país. En ese sentido, señaló que es fundamental que se distribuya gasolina de 85 y 95 octanos en todos los surtidores, con el fin de evitar nuevos daños en el parque automotor.
Ante la falta de avances concretos, la Confederación de Choferes advirtió con asumir medidas de presión a nivel nacional. “Si no quieren cumplir, no quieren diálogo, seguro quieren tener problemas, y los van a tener en todo el territorio boliviano”, afirmó Gómez, dejando abierta la posibilidad de movilizaciones.
En respuesta, YPFB aseguró que cada solicitud presentada será evaluada bajo criterios técnicos y de transparencia, con el objetivo de garantizar una compensación justa para los afectados. Entretanto, el conflicto se mantiene latente, a la espera de soluciones que eviten una escalada de protestas en el sector del transporte.
