El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo Gómez, informó que el Ministerio Público admitió formalmente la denuncia presentada contra una jueza y dos exmagistrados en el marco del denominado caso Mutualista, acción legal que fue impulsada días atrás por la Unidad de Transparencia del Órgano Judicial.
La autoridad destacó que esta decisión representa un paso importante en la lucha contra irregularidades dentro del sistema judicial, señalando que se trata de un precedente para aquellos operadores de justicia que incurran en actos de prevaricato. En ese sentido, aseguró que la admisión de la denuncia envía un mensaje claro de transformación en la administración de justicia en el país.
De acuerdo con el reporte, la denuncia alcanza a la jueza Mery Yanet Mojica Peña, así como a los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Isidora Jiménez Castro y Petronilo Flores Condori. Los implicados son investigados por presuntos delitos relacionados con la emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y actos de prevaricato.
Saucedo explicó que el proceso ya se encuentra en etapa preparatoria y bajo control jurisdiccional de un juez de instrucción en Santa Cruz, lo que permitirá avanzar con las actuaciones investigativas correspondientes para esclarecer los hechos.
Asimismo, el titular del TSJ fue enfático al señalar que no se tolerarán hechos de corrupción dentro del sistema judicial, advirtiendo que no se permitirá que autoridades utilicen sus cargos para favorecer de manera irregular a terceros, especialmente en casos que involucren bienes de dominio público.
El origen del proceso se remonta a decisiones adoptadas en el marco de una acción de amparo constitucional relacionada con el conflicto por la Mutualista. Según los antecedentes, la jueza Mojica habría admitido dicho recurso sin contar con la competencia territorial necesaria, ya que tanto el domicilio del solicitante como el objeto del litigio se encontraban en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, lo que habría vulnerado los procedimientos legales establecidos.
