El Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de Tarija emitió este lunes un mandamiento de aprehensión y una orden de arraigo en contra del expresidente Evo Morales Ayma, luego de que fuera declarado en rebeldía por no presentarse al inicio de su juicio por un caso de trata de personas.
La audiencia estaba programada para la mañana de este lunes en la capital tarijeña; sin embargo, el exmandatario no acudió al tribunal, situación que derivó en la determinación judicial asumida por las autoridades competentes.
Las órdenes llevan la firma de los jueces técnicos Irma Castellón y Carlos Andrés Oblitas, integrantes del tribunal que lleva adelante el proceso judicial contra el líder cocalero.
Tras la declaratoria de rebeldía, el tribunal instruyó al Ministerio Público y a la Policía Boliviana ejecutar el mandamiento de aprehensión contra Morales, quien desde hace más de un año permanece en el trópico de Cochabamba, región considerada su principal bastión político y donde se encuentra resguardado por seguidores y organizaciones afines.
Asimismo, la resolución dispone que la Dirección General de Migración realice los procedimientos correspondientes para hacer efectivo el arraigo del exjefe de Estado, con el objetivo de impedir una eventual salida del país mientras continúe el proceso judicial en su contra.
El caso por el que Morales enfrenta juicio está relacionado con una investigación por presunta trata de personas. Según el expediente judicial, el expresidente habría sostenido una relación con una menor de edad, con quien supuestamente tuvo una hija durante el tiempo en que ejercía la Presidencia de Bolivia.
La acusación ha generado una fuerte repercusión política y judicial en el país, debido a la relevancia de Morales dentro del escenario nacional y a las divisiones existentes entre sectores oficialistas y afines al exmandatario.
Por su parte, el equipo jurídico de Evo Morales rechazó la legitimidad del proceso y anunció que no asistiría a la audiencia en Tarija. Además, la defensa adelantó la presentación de recursos legales y denuncias en instancias internacionales, argumentando que el caso responde a una persecución política y a un supuesto “juicio político” impulsado en su contra.
