Sectores afines al expresidente Evo Morales advirtieron este lunes con una “convulsión” social en Bolivia en caso de que el exmandatario sea detenido, luego de que un tribunal de Tarija lo declarara en rebeldía y emitiera una nueva orden de captura en su contra por no presentarse al inicio de su juicio por presunta trata agravada de personas.
Las advertencias fueron realizadas por dirigentes cocaleros del trópico de Cochabamba, región donde Morales permanece desde octubre de 2024 resguardado por cientos de seguidores que buscan impedir su aprehensión.
En declaraciones a la radio Kawsachun Coca, el dirigente cocalero Dieter Mendoza aseguró que existen supuestos operativos policiales destinados a capturar al exjefe de Estado y acusó al Gobierno de intentar frenar las movilizaciones sociales mediante su detención.
“Pretenden generar y realizar operativos para detener a Evo Morales”, afirmó Mendoza, al señalar que las autoridades creen equivocadamente que una eventual captura del líder cocalero podría desactivar las protestas y movilizaciones que actualmente se registran en distintas regiones del país.
“Piensan que con detener a Evo Morales van a apagar y desmovilizar al pueblo. Están muy equivocados. Si tocan a Evo Morales, esto va a convulsionar. El país va a convulsionar como no se imaginan, va a haber insurgencia en el territorio nacional de Bolivia”, advirtió el dirigente.
Asimismo, Mendoza pidió a los habitantes y organizaciones sociales del trópico cochabambino mantenerse “en estado de alerta máxima” y “en pie de lucha”, ante una posible intervención policial en la zona.
El dirigente también confirmó que los productores de coca y sectores afines al expresidente se sumarán a las movilizaciones impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y sindicatos campesinos, que desde la semana pasada mantienen bloqueos de carreteras y protestas para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El conflicto político y social se intensificó este lunes con el inicio del juicio oral contra Evo Morales en la ciudad de Tarija, donde el exmandatario es procesado por el delito de trata agravada de personas.
Según la acusación fiscal, Morales habría mantenido una relación con una menor de edad durante su gestión presidencial y, presuntamente, habría tenido una hija con ella en 2016.
Sin embargo, ni el expresidente ni sus abogados defensores acudieron a la audiencia programada por el tribunal, situación que llevó a las autoridades judiciales a declararlo en rebeldía y suspender temporalmente el proceso hasta que se presente voluntariamente o se ejecute la nueva orden de aprehensión emitida este lunes.
La Fiscalía de Tarija informó que la defensa de Morales no presentó ningún justificativo legal válido para explicar su ausencia en la audiencia, por lo que, ante la falta de abogados privados, se determinó que el exmandatario sea asistido por defensores públicos durante el proceso.
Por su parte, el equipo jurídico del líder cocalero sostiene que Morales no fue notificado personalmente para asistir al juicio y que la comunicación se realizó únicamente mediante un edicto judicial, aspecto que consideran un “vicio causal de fondo” que invalidaría el proceso.
Además, los abogados del exmandatario denunciaron que el juicio tiene motivaciones políticas y reiteraron que acudirán a instancias internacionales para denunciar una supuesta persecución judicial en contra de Morales.
Desde octubre de 2024, Evo Morales permanece en el trópico de Cochabamba bajo resguardo de sus seguidores, quienes instalaron vigilias permanentes y controles en los accesos a la región para impedir el ingreso de fuerzas policiales.
En una anterior ocasión, la Policía no logró ejecutar una orden de captura debido a que grupos afines al exmandatario instalaron bloqueos de carreteras durante 24 días entre octubre y noviembre del año pasado, paralizando importantes rutas nacionales y evitando el ingreso de agentes a la zona cocalera.
El Ministerio Público formalizó la acusación contra Morales en octubre de 2025 y, según informó la Fiscalía de Tarija, el caso cuenta con más de 170 pruebas documentales y testificales, entre ellas 39 declaraciones de testigos que serán presentadas durante el juicio oral.
